Autoridades de los Ministerios de Finanzas y Energía y Minas, así como un experto en el tema energético, conversaron este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de qué se espera para la tarifa social en los próximos meses.
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El tema surge tomando en cuenta que se ha dado a conocer que no se le asignó presupuesto público al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para aportar en el subsidio que se aplica al servicio de energía eléctrica.
La situación ha generado una serie de comentarios, pues la población se cuestiona si en el corto plazo tendrá o no que pagar más por el servicio.
El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, señaló que fue hace dos años que se inició a asignar recursos para la tarifa social, tras decidirse otorgar un respaldo al INDE para fortalecer su situación financiera.
El instituto ha planteado que la tarifa social está cercana a Q700 millones, de ese total, en los años anteriores este ha aportado Q350 millones y ha pedido que el Estado otorgue el restante.
Actualmente se tiene una institución con mayor solvencia, por lo que ahora corresponde revisar la situación financiera que tiene porque ya se le dio acompañamiento y respaldo durante dos años.
Asimismo, se deberá analizar la situación general en la que está, su plan de inversión para fortalecer la generación eléctrica y revisar su plan interanual para establecer cómo se procederá.
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Según indicó, se debe analizar desde punto de vista financiero y de sostenibilidad de la institución si son los Q350 millones que debe aportar el INDE o es más.
Mientras que desde el punto de vista de Finanzas, se debe hacer un análisis integral del país. Pedirle al instituto que sea más eficiente y haga inversiones para tener más ingresos.
“El subsidio se entiende como herramienta social prioritaria del país y vamos a darle la discusión necesaria”, destacó Martínez.
El ministro aseguró que en ningún momento se está planteando cortar ese beneficio para las personas “de la noche a la mañana”.
Y descartó que las familias tengan que pagar más por el servicio de energía, pues el reto es en las instituciones del Estado para darle apoyo a esta tarifa, dirigida a la población vulnerable.
De ser necesario ubicar los fondos para este subsidio se tendrían dos opciones, dijo Martínez:
- Una ampliación de presupuesto, que corresponde discutirse en el Congreso.
- Buscar eficiencia de fondos en el Ministerio de Finanzas y encontrar los recursos, para lo cual se tendría que quitar espacio presupuestario a un rubro para darle a otro, mismos que estarían por determinarse.
“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darle el respaldo a la población vulnerable. Es importante tener una discusión y que la población tenga acceso a esta. Se debe ser transparente el tema e indicar que hay desafíos y retos”, resaltó el ministro de Finanzas.
Asegurado hasta marzo
Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas y presidente de la junta directiva del INDE, Luis Chang, hizo un llamado a la tranquilidad de los guatemaltecos y a evitar caer en la desinformación en cuanto a que el aporte social no se está dando.
Aseguró que el beneficio del subsidio se refleja en 2.4 millones de usuarios y está garantizando hasta marzo.
“No puedo hablar del futuro, yo no puedo prever algo más, pues hay medidas que se están aplicando para que no se den contingencias en este tema”, señaló.
Según dijo, el Ejecutivo y el INDE están buscando cómo garantizar que las personas no se vean afectadas.
“Estoy tranquilo porque se está trabajando técnicamente buscando el soporte de dónde podrían venir el dinero. Hemos encontrado diferentes rutas donde se analizan las viabilidades de las mismas”, señaló el funcionario.
Una oportunidad
Melvin Quijivix, consultor experto en tarifas de energía eléctrica y temas energéticos en general, señaló que se deben buscar soluciones estructurales para este tema.
Detalló que la asignación presupuestaria fue el primer mecanismo que se estableció, pero cuando ese aporte se acabe, se tendrá que buscar otros medios de financiación.
A su criterio, esta es una oportunidad de reformular la tarifa social y en realidad enfocarla a los usuarios que más lo necesitan, es decir quienes se encuentran principalmente en pobreza o pobreza extrema.
Es necesario realizar un estudio técnico y objetivo que incluya levantar un sistema de encuestas y ver la situación de los usuarios por zona.
Países como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Estados Unidos han aplicado métodos similares con el objetivo específico de darle mayor atención a los usuarios que lo necesitan, destacó.
