UNE utilizó tres empresas para campaña sin reportarlo al TSE

Por medio de un comunicado, el MP y la CICIG detallaron los puntos clave del caso que envuelve al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). He aquí el resumen.

Por Joel Maldonado

La presentación del caso “Traficantes de influencias” en 2018 fue el inicio para indagar sobre el financiamiento del partido de UNE en las elecciones pasadas.

De esta cuenta, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) detectaron que las empresas MAARIV, S. A., Promotora de Recursos Habitacionales, S. A. (Prohabsa) y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe otorgaron a dicho partido Q19.5 millones que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La investigación por financiamiento no registrado e ilícito empezó por la relación de la empresa Ingeniería Integral, S. A., que era dirigida por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas (involucrado en el caso “Traficantes de influencias” y extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria).

Dicha entidad hizo un aporte a la empresa MAARIV, S. A., provenientes de sobornos por la devolución del crédito fiscal, la cual fue la primera compañía que aportó a la UNE.

DETALLE A DETALLE

  • De acuerdo con los documentos analizados, MAARIV, S. A. aportó Q9 millones, por lo que se acusa de financiamiento anónimo e ilícito, aportes por empresarios que solicitó Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE.
  • Mientras que Prohabsa desembolsó Q5 millones, recolectados por la Compañía Agrícola Industrial Solesa, que entregó Q1.7 millones; Comercializadora Kutno, S.A, relacionadas Leal Castillo, que colaboró con Q1 millón; y la empresa Ingeniería Integral, S. A., con Q2.9 millones, la cual era representada por el hijo de Giovanni Marroquín Navas.
  • También la empresa Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, del diputado Julio Ixcamey Velásquez, que fue el donante oficial de la UNE, que a pesar que reportó Q3.2 millones, se comprobó que fue Q1.4 millones más, entre los fondos para la campaña fueron entregados por Leal Castillo.
  • Además, a los aportes anónimos e ilícitos no reportados se suman Q122 mil.

¿Por qué hasta ahora?

Las reacciones sobre la petición de antejuicio contra la candidata presidencial Sandra Torres surgieron de inmediato, ya que fue un día después de que obtuvo inmunidad al recibir su credencial.

Según información, el expediente de la investigación fue elevado al despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, desde diciembre, siendo ella quien decide cuándo se judicializan los casos.

La solicitud para retirar la inmunidad a Torres fue remitida al Juzgado Sexto Penal, en donde se determinará si existen indicios para que el órgano encargado de la persecución penal profundice en las investigaciones.

“He pasado toda mi vida sin inmunidad, aun cuando fui primera dama. Yo no necesito antejuicio para defenderme. Vemos intenciones políticas oscuras debajo de todo esto”, Sandra Torres, secretaria general de la UNE

Torres arremete contra Aldana y Sandoval

  • La secretaria general de la UNE y candidata a la presidencia por segunda ocasión, Sandra Torres, ofreció una conferencia en la bancada de su partido en el Congreso, donde afirmó que “no se dejarán robar las elecciones”.
  • Además, criticó a la ex fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y los señaló de “estar detrás de todo esto”.
  • Aseguró que la solicitud para ser investigada se trata de una denuncia espuria y política, que comienza al iniciar el proceso electoral.
  • También afirmó que dicha denuncia trata de beneficiar a una candidata (Thelma Aldana), por lo que considera que hay una estructura criminal en la FECI, a través del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien presentó la solicitud de antejuicio.
  • A la vez, lo señaló de ser el operador político de la ex fiscal general Aldana, por lo que la acusó de estar detrás de la investigación, porque dejó sus “tentáculos” en el MP, también cuestionó que el equipo de Aldana busca obtener una curul en el Congreso.

¿CÓMO QUEDA EL CASO?

  • Conferencia. La secretaria de la UNE y candidata a la presidencia por segunda ocasión, ofreció una conferencia en la bancada de su partido en el Congreso, afirmó que no se dejarán robar las elecciones.
  • Los capturados. Las personas detenidas por financiamiento electoral ilícito y no registrado por la UNE fueron Gustavo Alejos Cámbara, Víctor de Jesús Duarte, Juan Pablo García y el exdiputado Guillermo Alejandro Sierra. Pero están pendientes ocho capturas, entre ellas al exvicepresidenciable Mario Leal Castillo.
  • Antejuicios. La FECI también presentó la solicitud de retirarle la inmunidad a cuatro diputados siendo ellos Karina Paz, exasistente de Leal, Jairo Flores, Julio Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas, así como, contra los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Ángel Ren Guarcas.
  • Investigación. Durante el operativo de financiamiento se realizaron 21 allanamientos en la capital y en dos departamentos. En 2018 se allanaron seis empresas y la oficina del contador Byron Pelen.
  • Fiscal responde. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, aclaró lo señalado por ser operador político de Aldana. “Lo único que le puedo decir es que mi trabajo es técnico, lo que cumplo son directrices de políticas de persecución penal, no política de políticos. La investigación soporta las imputaciones”, agregó. Sandoval también indicó que trabaja en esa oficina desde 2009.
  • Con respaldo. Entre la documentación analizada por los entes de investigación están los cheques que otorgó Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe para el financiamiento de la campaña de la UNE.

ANÁLISIS:

"No es sano ni lógico decir que es una acusación política", Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana

El proceso de investigación en contra del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está debidamente fundamentado, según explicó por la vía telefónica.

¿Cómo califica el caso que el Ministerio Público (MP) difundió?
Se trata de una investigación que, a juzgar por lo que ya se dijo, está bien estructurado. Incluso se hace mención de empresas que habrían contribuido con el financiamiento electoral a la UNE.

¿Qué corresponde a los señalados?
Ellos deben desvanecer los cargos que la Fiscalía hace en su contra, pero frente a los tribunales de justicia correspondientes. No es sano ni lógico decir que se trata de una acusación de carácter político, sino que se debe afrontar la justicia.

Hasta hace dos días había comentarios de: “¿Y la UNE para cuándo?”
En redes sociales hay mucha desinformación, la cual es originada por la parte que se siente afectada. Entonces comienza a defenderse señalando a su contrario. En realidad hay una guerra mediática en torno a la lucha contra la corrupción.

¿Cómo queda el MP cuando se señala a la ex fiscal general, como en este caso?
Quien debería salir a defender el trabajo de la institución es la actual jefa, es decir que María Consuelo Porras tendría que responder por el trabajo que está haciendo la entidad que encabeza.

Por el momento el fiscal Juan Francisco Sandoval hizo lo que le correspondía, pero la jefa del MP debe manifestarse al respecto.

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