MP pide penas de 6 a 59 años de prisión contra banda de "Chico Dólar"

El juicio por el caso "Lavado y política" entró a su etapa final.

Por Jerson Ramos

El Ministerio Público (MP) emitió este miércoles 6 de febrero las conclusiones en el caso "Lavado y política", y pidió sanciones de prisión en contra de los acusados.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó penas que van de 6 a 59 años de prisión en contra de los procesados, quienes estarían dirigidos por Francisco Morales Guerra, alias "Chico Dólar".

De acuerdo con la petición, al presunto jefe de la red se le debería imponer una sanción por:

  • Asociación ilícita: 8 años.
  • Lavado de dinero: 20 años.
  • Defraudación tributaria: 6 años.
  • Cohecho activo: 10 años.
  • Financiamiento electoral ilícito: 12 años.
  • Falsificación de documentos: 3 años.

Las acusaciones en contra de otros sospechosos son por ilícitos como:

  • Revelación de información secreta.
  • Tráfico de influencias.
  • Financiamiento electoral ilícito.
  • Cohecho activo.
  • Asociación ilícita.
  • Lavado de dinero.

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Otros acusados por el MP

Entre los otros procesados por el caso figuran:

  • El exdiputado Jaime Martínez Lohayza.
  • Javier Villatoro López.
  • Silvia Guevara.
  • Édgar Guerra.
  • Marco Morales.
  • Rudy Martínez.

Para el excongresista se solicitó una pena de 26 años de prisión inconmutable por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.

Además, la Procuraduría General de la Nación, que figura como querellante en el caso, pidió al Tribunal de Mayor Riesgo A que los sospechosos por lavado de dinero paguen multas por haber causado un daño al Estado.

Las multas serían impuestas si se determina que los procesados son culpables de los hechos por los cuales se les señala.

El caso deriva de una investigación que se desarrolló por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).

La denuncia detallaba transacciones bancarias irregulares que habrían tenido como fin financiar de manera ilegal la campaña electoral que en 2015 realizó la coalición formada por los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (Gana).

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