El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal suspendió la audiencia en la cual se resolvería la situación jurídica de Blanca Stalling, magistrada suspendida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Dicha diligencia se había programado para determinar si Stalling debía continuar en arresto domiciliario, como en agosto de 2018 lo decidió el referido despacho judicial.
Sin embargo, dos meses después la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal revirtió el beneficio que se había otorgado a la señalada.
Además, en el Juzgado también se analizaría la acusación que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hacen en contra de la magistrada suspendida en el ejercicio de su cargo.
Pero la diligencia fue suspendida por una excusa que plantearon el órgano encargado de la persecución penal y la comisión internacional.
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Juzgado reprograma diligencias
En la judicatura se fijó para el 14 de marzo conocer si Stalling deberá continuar con arresto domiciliario, como lo ordenó la Sala de Apelaciones, o si debe volver a guardar prisión preventiva, como solicitaron el MP y la CICIG.
Además, para el 11 de julio se programó la audiencia en la que se conocerá y discutirá la acusación que se hace en contra de la sospechosa.
De acuerdo con la pesquisa, Stalling sería responsable de:
- Tráfico de influencias.
- Resistencia al arresto.
El primer ilícito tendría relación con supuestos beneficios que buscó en favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrentaba juicio por el caso "IGSS-Pisa".
La segunda acción la habría cometido el 8 de febrero de 2017, cuando fue capturada. En esa ocasión intentó no ser detenida y amenazó con disparar a los elementos de la Policía Nacional Civil.
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