El Gobierno dio a conocer que no ha sido notificado sobre los recientes fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En horas de la madrugada de este miércoles, el máximo tribunal otorgó un amparo provisional que deja en suspenso la decisión del Ejecutivo de dar por terminado el acuerdo de establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En un comunicado emitido aproximadamente a las 9:00 horas, el Gobierno aseguró que cuando se le notifique sobre esa resolución, se procederá a evaluarla.
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“Será analizada de forma conjunta con todas las instituciones referidas en un comunicado de prensa divulgado este miércoles”, señaló.
Posterior a ese proceso, se dará a conocer la postura oficial del Gobierno de Guatemala.
#AHORA @GuatemalaGob informa que al ser notificados de la resolución de la @CC_Guatemala de suspender decisión que pone fin a acuerdo de @CICIGgt será analizada por las instituciones referidas pic.twitter.com/Jin07S7Lde
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 9, 2019
Tras nueve horas de deliberación, la CC resolvió suspender la medida del Ejecutivo de poner fin de forma unilateral al acuerdo que creó la CICIG.
El fallo fue por mayoría. La magistrada presidenta Dina Ochoa presentó su voto razonado disidente.
Los amparos fueron promovidos por diferentes personas y entidades en contra el presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el Congreso de la República.
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#NACIONALES La resolución de los magistrados del máximo tribunal se dio a conocer esta mañana, tras nueve horas de deliberación. https://t.co/JJr0aPZV6t
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 9, 2019
La CC además exhortó a las autoridades denunciadas para que, en el ámbito de sus competencias, instruyan a los empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG.
De igual forma, ordenó que se notifique el fallo al presidente y vicepresidente de la República, el Congreso, la canciller, los ministros de Gobernación y Defensa, el Consejo Nacional de Seguridad, la fiscal general del Ministerio Público y el Procurador General de la Nación.