Este lunes se inició la audiencia de primera declaración de dos delegados de Migración que fueron capturados ayer por no permitir el ingreso del funcionario de la CICIG, Yilen Osorio, al país.
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Se trata de Irma Cruz Suntecún y Miguel Antonio Cantoral, a quienes el juez de Turno ligó a proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
“Usted desobedeció la orden del tribunal constitucional de mayor rango en nuestro país. Tenemos que respetar la ley”, dijo el juez al dictar su resolución.
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A solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa, la judicatura determinó que los procesados permanezcan en arresto domiciliario. Asimismo, fijó el pago de una fianza de Q5 mil.
El seguimiento de este caso estará a cargo del Juzgado Undécimo Penal.
Durante la diligencia, la Fiscalía realizó la imputación y pidió que los delegados sean investigados por intentar detener la entrada del funcionario al territorio.
Ello debido a mantener la prohibición, pese a que existían fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que avalaban la estancia del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país.
Osorio arribó a Guatemala el pasado sábado; sin embargo, se le prohibió acceder al territorio nacional, por lo que permaneció al menos 26 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Tomando en cuenta lo establecido por la CC, la fiscal general Consuelo Porras ordenó detener en flagrancia a quienes incumplieran con estos.
Explica su actuar
Cantoral tomó la palabra durante la diligencia que está en desarrollo y le explicó al juez de Turno que en el sistema informático continuaba registrada la prohibición “por orden nacional” para que el investigador ingresara.
Aseguró que él no podía alterar el sistema, por lo que solamente dio seguimiento a lo establecido en este. “Yo solo recibo órdenes”, resaltó.
“Según la resolución que yo emití, inmediatamente yo le notifico al señor que es una orden de la superioridad de Migración en que tiene prohibido el ingreso al país. Le notifico y él me dice que hay una orden de la CC y de los Derechos Humanos” para lo contrario, explicó al togado.
En tanto, Suntecún se abstuvo de declarar.
La defensa de los detenidos aseguró que no estaban en la facultad de modificar el sistema y únicamente cumplían órdenes de sus superiores.
* Con información de Emisoras Unidas.