En enero podría darse el retorno de Iván Velásquez a Guatemala, según lo reveló recientemente a un medio internacional. Sin embargo, el comisionado ha señalado que ve riesgos de posibles “acciones de hecho” ante ello.
PUBLICIDAD
Su eventual regreso se daría en un ambiente en el que, pese a que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que avala su presencia en el país, el Gobierno mantiene la restricción para que ingrese.
La relación entre el Ejecutivo y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ha visto marcada por tensiones desde hace más de un año.
Velásquez ya había sido declarado como persona “non grata”, en agosto de 2017, por la administración del presidente Jimmy Morales, quien había ordenado su salida del país, pero esa decisión quedó en suspenso por un fallo de la CC.
Y en 2018 son diferentes las acciones que se han dado en el tema de la comisión, pues incluso Morales anunció que no se renovará el mandato que está vigente, y que concluye en septiembre próximo.
La más reciente acción en este contexto es la oficialización del retiro de visas de cortesía a 11 funcionarios de la CICIG por decisión de la Cancillería guatemalteca, que los obliga a retirarse del país.
El comisionado Velásquez calificó la decisión como “arbitraria” y detalló que la misma carece de fundamento legal.
PUBLICIDAD
Tensa relación
El gobernante Morales ha señalado que la CICIG es “una amenaza para la paz”. Su argumento es que la comisión, a cargo de Velásquez, atenta contra la soberanía de Guatemala.
De igual forma el presidente ha expuesto que la comisión creó un “sistema de terror”, que afecta a los ciudadanos guatemaltecos y a quienes aquí residen, con acciones que violan la presunción de inocencia, el estado de derecho y que marcan el abuso de la prisión preventiva.
También ha argumentado injerencia de parte de la comisión y de su titular Iván Velásquez. Incluso sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas se han visto marcados por esos señalamientos contra la comisión.
Ante ello, el jurista colombiano ha negado que exista algún tipo de intromisión, pues ha aclarado que la CICIG es una entidad que apoya en las investigaciones, pero que corresponde al Ministerio Público esta labor y la decisión de judicializar los casos.
También ha aclarado que es por medio de fallos de los jueces que se dicta la prisión preventiva o no, y no depende de la comisión.
En este contexto, el Gobierno y la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas mantienen un diálogo para resolver la situación y designar un comisionado adjunto que pueda encargarse de seguir el trabajo de la comisión desde Guatemala.
De parte de Estados Unidos se ha hablado de una CICIG “reformada”, en la que uno de los principales factores sería la rendición de cuentas.
