Juzgado otorga amparo que deja en suspenso la expulsión de funcionarios de CICIG

Cancillería les retiró la visa de cortesía a 11 investigadores de la comisión.

Por Publinews

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer que este viernes fue notificada acerca de que se decretó un amparo provisional por medio del cual se deja en suspenso la decisión de expulsar del país a sus investigadores.

Fue el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil el encargado de conocer la acción de amparo.

Con la resolución emitida a favor de la Fundación Myrna Mack, se detendría el retiro del territorio de los 11 funcionarios de la comisión, cuyas credenciales quedaron sin efecto.

La judicatura señala en su resolución que la autoridad denunciada debe acatar “inmediatamente” la misma, al recibir la notificación.

La Cancillería notificó públicamente esta semana que las visas de cortesía fueron revocadas al personal de la comisión. Migración, en tanto, fijó un plazo de 72 horas, que finaliza este viernes, para que dejaran el territorio nacional.

Al ser consultado esta mañana sobre la situación de los delegados, la CICIG, por medio de su portavoz Matías Ponce, señaló que se encuentran de vacaciones fuera del territorio nacional de Guatemala.

Sin embargo, poco antes del mediodía, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseguró que estas personas dieron cumplimiento a lo ordenado por Migración y se retiraron del país.

Asimismo, el Ejecutivo agradeció a la comisión por “el respeto a la soberanía y el Estado de Derecho”.

Acciones legales

Diferentes abogados a título personal y organizaciones han planteado acciones legales contra las decisiones de Cancillería y Migración sobre los funcionarios de CICIG.

Para horas de la tarde de este viernes está previsto que el pleno de la Corte de Constitucionalidad se reúna y conozca, entre otros recursos, los planteados con relación a este tema.

Los investigadores a quienes se les retiraron las acreditaciones tienen a su cargo casos de alto impacto actualmente. El comisionado Iván Velásquez ha señalado que se trata de una decisión sin fundamento legal y “arbitraria” de parte del Gobierno.

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