El Ministerio Público (MP) pidió a la jueza de Mayor Riesgo D que envíe a juicio a Rodrigo Arenas, expresidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), y a Andrés Botrán, ex comisionado presidencial contra la desnutrición crónica, quienes son vinculados al caso “Financiamiento electoral ilícito” en favor del partido político Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
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De acuerdo con la acusación que la Fiscalía contra Delitos Electorales hace a Arenas y a Botrán, ambos habrían incurrido en el delito de financiamiento electoral no registrado.
Los hechos descritos por el órgano encargado de la persecución penal indican que los procesados hicieron contribuciones a FCN-Nación durante la campaña electoral que se desarrolló en 2015.
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Botrán habría financiado a la agrupación política con Q250 mil, mientras que el apoyo de Arenas no fue en dinero, sino por medio de asesorías que ayudarían a conseguir los recursos.
MP lee la acusación en contra de Rodrigo Arenas, quien supuestamente realizó “aportes no dinerarios” a FCN-Nación, los cuales consistieron e asesorías que habrían permitido al referido partido político obtener Q94 mil. @PublinewsGT pic.twitter.com/s4hQ79Dpns
— Jerson Ramos (@JRamos_PN) December 17, 2018
Pedían suspender audiencia
Después de que la jueza Erika Aifán ingresó a la sala de audiencias, los defensores de los sospechosos le informaron que en los juzgados Primero y Segundo Pluripersonal de Paz Penal se tramitan dos acciones con las cuales se pretende que se defina qué judicatura es la competente para continuar el caso.
Uno de los argumentos planteados en ambas acciones legales refiere a que el delito por el cual se acusa a Arenas y a Botrán, son considerados como menores, pues las penas que tienen no pasan los cinco años.
Las sanciones fueron modificadas cuando se reformó el Código Penal en el artículo 407 N, que definía el delito de financiamiento electoral ilícito.
Con los cambios en la legislación se derogó dicho ilícito y se creó el de financiamiento electoral no registrado, el cual contempla la disminución de la responsabilidad y la pena a imponer.
Sin embargo, Aifán rechazó los argumentos de los profesionales del derecho y declaró iniciada la fase intermedia del proceso, en el que se decidirá si estas personas enfrentarán debate.
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