La congresista estadounidense Norma Torres anunció ayer que presentó la propuesta para crear la “Ley de rendición de cuentas del estado de derecho de Guatemala”, que se aplicaría a personas que hayan vulnerado el estado de derecho en Guatemala.
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La propuesta contempla sanciones financieras, bloqueo de activos y denegación de visas para quienes incurran en irregularidades.
El tema fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el que participaron como invitados Alejandro Quinteros, analista independiente; Manfredo Marroquín, presidente de la junta directiva de Acción Ciudadana (AC); y María Eugenia Mijangos, magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Quinteros señaló que ya existe legislación en ese sentido en Estados Unidos, pues está en vigencia la ley Magnitsky, cuya aplicación puede darse a personas en todo el mundo, a quienes se señala de haber cometido algún acto contra los derechos humanos o de corrupción.
Además, recordó que ya hay personas de Centroamérica a las que se les aplicó y va enfocada en sanciones por el lado de activos, visas y otros temas como los mencionados por Torres en esta nueva propuesta.
“Me parece que venir a sacar una ley específica para Guatemala puede ser incluso contraproducente para nuestro propio país, nos está poniendo ella ya como un país corrupto y esto puede tener incluso implicaciones para el guatemalteco que vive en Estados Unidos o viaja a ese u otro país”, señaló.
El analista consideró que si la congresista tiene buena intención debiera buscar otros modelos o formas para darle seguimiento a lo que ocurre en el país.
A criterio de Marroquín, Guatemala ya tiene sus costos de imagen como producto de acciones de autoridades ineptas y corruptas.
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Aunque sí hay antecedentes de leyes similares, dijo que se ve tendencia a que Guatemala se vea como otras naciones en las que hay gobiernos formales, pero que en realidad no gobiernan.
Por el contrario, añadió, se ven como redes político económicas corruptas, poderosas, vinculadas al narcotráfico y otras redes criminales. “Estados Unidos obviamente quiere ver cómo combate con más eficiencia eso, porque los gobiernos son de fachada”.
“Este es un esfuerzo más, yo realmente felicito la iniciativa de Torres porque de qué otra manera va a cambiar el país si internamente no se ven las fuerzas de cambio”, resaltó.
Muerte civil
El presidente de Acción Ciudadana señaló que ve altas posibilidades de que sea aprobada esta ley. Y en cuanto a qué implicaría para alguien ser sancionado dijo que se trataría de una “muerte civil”.
“Prácticamente no podrían tener cuenta de banco, porque todos los bancos en Guatemala tienen corresponsalía con Estados Unidos. No podrían tener tarjetas de crédito porque estas las matrices en EE. UU. Tampoco podrían subir a un avión, porque todas las aerolíneas tienen relación con ese país”, manifestó.
“Puedes seguir siendo corrupto, pero hacer grandes negocios va a ser difícil”, puntualizó Marroquín.
Para Quinteros, es preocupante lo que ocurriría. Recordó que Torres también propuso la creación de una lista de personas vinculadas con actos de corrupción y los lineamientos para ser incluido en ella son muy abiertos.
Mencionó que si no se da el debido proceso y una persona no ha sido condenada y vencida en juicio, esa persona sigue siendo inocente. Ponerla en una lista o aplicarle alguna sanción no sería correcto.
Además, podrían verse vinculadas personas que han sido mencionadas en algún caso o su nombre salió en una escucha telefónica, lo cual es “peligroso”. En su opinión, se puede hacer daño a mucha gente que quizá no tiene que ver en los casos, solo por una mención o por alguna razón de coyuntura.
“Toda persona, aunque sea el más barrabás del planeta, es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, manifestó el analista.
Implicación en las elecciones
A menos de un mes de que se haga la convocatoria al proceso electoral de 2019, se tocó el tema durante el programa de qué implicaciones traería ser sancionado por estas medidas respaldadas por Torres para funcionarios que busquen su reelección o aspirantes a cargos públicos.
Tomando en cuenta la característica de honorabilidad con la que deberían contar los candidatos, la magistrada del TSE señaló que la propuesta de la congresista de EE. UU. podría ser analizada en el marco de los comicios.
A criterio personal, Mijangos que los magistrados del órgano electoral deberían tener una discusión al respecto, viendo las implicaciones legales y políticas para construir un criterio que tendría alguna consecuencia dentro del evento electoral.
