Pese a que el proyecto de ley por medio del cual se pretende sancionar con prisión a quienes critiquen a los políticos ha recibido múltiples críticas, los diputados buscarán la aprobación de una propuesta similar, pero con castigos más rigurosos.
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El diputado Estuardo Galdámez, uno de los ponentes, dijo que la iniciativa inicial denominada “Ley de acoso político” será retirada y se presentará una nueva: la “Ley de Pánico Social”.
“El retiro de esa ley sería para hacerla más drástica, así es que todos aquellos que escriben en redes sociales identificados con unas máscaras, con un nombre que no es el de ellos o con un apodo, ténganlo por seguro que el Ministerio Público, mediante esta iniciativa de ley, les tiene que llegar”, aseguró Galdámez.
La misma será similar a la del pánico financiero y buscaría sancionar con cárcel a quienes difamen a los políticos, detalló.
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Si alguien utilizando una computadora o un teléfono celular inicia la difusión de una campaña de desprestigio en contra de una institución bancaria con el propósito de afectar sus intereses, es detenido por pánico financiero, y en este caso sería el de pánico social, agregó el diputado en declaraciones brindadas a Emisoras Unidas.
Galdamez explicó que: “Incurre en pánico social toda aquella persona que utilizando cualquier forma o modo procure en contra de personas honradas y decentes, contra su honorabilidad, idoneidad y respeto como persona, sin fundamento alguno”.
En los próximos días se reunirán los parlamentarios ponentes para ultimar detalles sobre la propuesta que estarán presentando a la Dirección Legislativa del Congreso.
Atenta contra la libertad de expresión
Acerca de este tema se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Los entrevistados resaltaron que este tipo de propuestas son inconstitucionales.
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), detalló que el acoso político es una iniciativa “que nace muerta”, y que se burla de un derecho básico como es la libre emisión del pensamiento.
A su criterio, los diputados intentan crear una idea de que por el cargo que tienen no pueden ser tocados de ninguna manera, y menos si se trata de supuestas agresiones psicológicas, añadió.
En su opinión, se trata de un claro mensaje de acallar a la prensa, los medios y el uso de la tecnología para la expresión de la población en general.
En tanto, Gonzalo Marroquín, expresidente de la Comisión de Libertad de Prensa y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que no le extraña que estas propuestas provengan de un grupo de diputados con esas características, pues ninguno de ellos ha tenido una trayectoria “limpia, transparente e importante en el Congreso”.
En su opinión, son todo lo contrario, y se les vincula con el denominado pacto de corruptos.
Están entre quienes votaron en septiembre del año pasado a favor de una iniciativa en la que se pretendía modificar el Código Procesal Penal y se protegía a secretarios de partidos políticos y a quienes estaban implicados en actos de corrupción, secuestradores y extorsionistas, resaltó.
“Es una iniciativa que jurídicamente no tiene sustento, es inconstitucional. Quiere decir que los diputados no han estudiado la Constitución”. “Debemos estar atentos para impedir que este tipo de cosas sucedan”, puntualizó.