Piden a la CC resolver amparo contra reformas al financiamiento electoral ilícito

La organización Acción Ciudadana (AC) pidió este viernes 19 de octubre a la Corte de Constitucionalidad (CC) que conozca de urgencia una solicitud de amparo planteada en contra de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.

En un memorial que se extiende en 10 páginas, AC señala que es "urgente" que se declare el amparo provisional a la petición que el pasado 24 de julio hizo la diputada Andrea Villagrán.

Según la referida organización, varios de los legisladores que participaron en la aprobación de las reformas a la normativa tenían "un claro conflicto de interés" al conocer el caso.

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Se señala en el documento que:

"El 24 de julio de 2018, la diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, presentó acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República de Guatemala, (en la que se presentó Acción Ciudadana como tercero interesado), por la amenaza cierta o inminente que el Congreso de la República aprobara el proyecto de decreto que unifica las iniciativas 5432, 5433 y 5444 que dispone aprobar reformas al artículo 407 N" del Código Penal.

AC presentará un memorial para solicitar a la CC que resuelva el amparo contra la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito. Esa acción legal fue interpuesta por la diputada @avillagran502 y en ella solicita adherir a Acción Ciudadana como tercero interesado. pic.twitter.com/GLUCQQgXhY
— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) October 19, 2018

También se señala que:

"El día jueves 18 de octubre de 2018, los diputados (incluyendo los que tienen obligación legal de inhibirse, y por consiguiente prohibición legal para conocer, aprobaron en tercera lectura la reforma al artículo 407 N del Código Penal. Esto genera que la violación posible se materialice, constituyendo una transgresión al artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala".

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Reformas son para las sanciones

Por medio de una moción privilegiada los congresistas alteraron el orden de la agenda y lograron que las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito se conocieran antes.

De esa cuenta se cambiaron las sanciones por el referido hecho delictivo, las cuales quedaron así:

Prisión de cuatro a 12 años inconmutables y una multa de Q200 mil a Q500 mil.
Cárcel de uno a cinco años de prisión y sanción de Q20 mil a Q100 mil para quien consienta o reciba aportaciones para campaña electoral o actividades permanentes de los partidos políticos.

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