Diputados logran consensos para reformar sanciones al financiamiento electoral ilícito

Luego de que no se aprobó levantarle la inmunidad al presidente, Jimmy Morales, los congresistas aprobaron los cambios al Código Penal.
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A través de una moción privilegiada, los legisladores aprobaron las modificaciones a las sanciones por financiamiento electoral ilícito establecido en el artículo 407 “N” del Código Penal, como lo había recomendado la Corte de Constitucionalidad, delito por el que está señalado el mandatario Morales.

La moción fue presentada por el integrante del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, Marco Lemus, quien también presentó una enmienda por sustitución total, donde se establece sanciones de cuatro a 12 años inconmutables y una multa de Q200 mil a Q500 mil.

La sanción será para la persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice financiamiento a partidos políticos o sus candidatos para campañas y eventos electorales, sabiendo que los fondos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier actividad calificada como delito.

Además, se aumenta la sanción en dos terceras partes cuando el delito fue cometido por quien ejerza empleo, cargo público o sea candidato para un puesto por elección pública, como también se inhabilitará para optar cargo público.

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Asimismo, Lemus presentó una segunda enmienda para agregar el artículo 407 “Ñ” sobre financiamiento electoral no registrado, para quien consienta o reciba aportaciones para campaña electoral o actividades permanentes de los partidos políticos con multas de uno a cinco años de prisión y sanción de Q20 mil a Q100 mil.

Mientras que para los que realicen aportaciones dinerarias o en especie para sus candidatos será sancionado con prisión de uno a cinco años de prisión y una multa del 100% de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado hasta por cinco años.

Y se establece que las acciones administrativas no constitutivas de delito serán sancionadas conforme lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los diputados Orlando Blanco, Nineth Montenegro y Roberto Villate enfrentan un antejuicio por ese delito.

 

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