Se inicia audiencia de primera declaración de empresarios señalados en caso Industria Militar

El MP y la CICIG los vincula con una estructura que habría cobrado comisiones ilegales por al menos Q23.4 millones.

Por Omar Solís

Este viernes se inició la audiencia de primera declaración contra siete empresarios sindicados en el caso Industria Militar. El Ministerio Público (MP) realiza la imputación de los hechos.

El expediente es conocido por el Juzgado Séptimo Penal, a donde fueron citados los señalados para rendir su testimonio.

Se trata de Moisés Santiesteban, Manuel Pivaral, Ernesto Zamora, Henry Morales, Xiomara Orellana, Miguel Ambrocio y Antonio Contreras, a quienes se les sindica de diferentes delitos, entre estos, peculado y cohecho activo.

Según investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estarían vinculados con una supuesta estructura criminal que sustrajo fondos de la Industria Militar.

Por medio del cobro de comisiones irregulares en las ventas que se realizaban por esa entidad, esta organización habría obtenido Q23.4 millones.

Por este caso se encuentran ligados a proceso penal los militares retirados Alfredo Cotzojay, Byron Santos, Carlos Mejía y Rolando Hernández, por delitos de cohecho y peculado. Mientras que Jorge Vega Chávez, por peculado.

Forma de operar

Las pesquisas determinaron que el dinero era pagado por medio de cheques de la Industria Militar y los fondos provenían, en su gran mayoría, de las ventas realizadas a instituciones públicas.

Y que se habrían cometido varias conductas ilícitas para sustraer dicha cantidad de dinero de la institución castrense.

Incluso se logró determinar que se habrían recibido comisiones por ventas que en realidad no se dieron. Además, se cobraron las comisiones por ventas a las entidades del Estado, pese a que tenían prohibición para comercializar con estas.

“Las comisiones pagadas entre el 5 y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico”, detalló la CICIG sobre este caso.

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