La coyuntura nacional fue abordada este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, tomando en cuenta las recientes decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Jimmy Morales con relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y su titular, Iván Velásquez.
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Además, se dialogó de la serie de manifestaciones que se han registrado en diferentes puntos del país para rechazar las acciones del mandatario, y de los comentarios hechos por Morales con relación al uso del presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al indicar que cada estudiante sale “carísimo” al pueblo.
Como invitados participaron: Claudia Villagrán, analista política y actual catedrática universitaria; Manuel Villacorta, doctor en sociología política y columnista de prensa; Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG); y Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro.
Para Villagrán, estos tres días de manifestaciones en diferentes puntos del país muestran una expresión de agotamiento de parte del ciudadano respecto a lo que se interpreta como una afrenta. “Los diputados son los que están catalizando este descontento, aunque el Ejecutivo no se queda atrás”, dijo.
A su criterio, las acciones tomadas por el Gobierno de Morales con respecto a la CICIG y el comisionado Velásquez, así como el avance en el proceso para aprobar la iniciativa 5300 que promueve reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, son las motivaciones que están haciendo que este descontento finalmente se exprese en las carreteras, pueblos y frente al Congreso.
Para Villacorta, han transcurrido casi tres años de la actual administración gubernamental, donde los niveles de frustración han sido inmensos. “Hubo un auge de pobreza extrema en el país, la criminalidad que ha crecido, se dieron colapsos en salud y educación y este gobierno ha sido un fracaso”, dijo.
En su opinión, el único avance que el ciudadano estaba sintiendo era la lucha contra la corrupción e impunidad, donde se pudieron ver avances latentes y comprobables, pero cuando se presentan estas acciones de parte del Gobierno “de confrontar en forma abierta a instancias, con CICIG en la cabeza, para evitar que el proceso siguiera tal como iba, esto colmó la paciencia de los ciudadanos”.
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En ese sentido, consideró que a partir de este momento, los efectos que se generen en gran medida son responsabilidad del gobierno.
“No quisiera pensar en violencia, pero ayer se vieron síntomas de desesperación. La sociedad guatemalteca ya está cansada y no puede más, entonces cualquier provocación como la que hizo Morales al referirse a la Usac de forma despectiva y penosa podría llegar a exacerbar ánimos y llegar a un punto de conflicto”, aseguró.
El doctor en sociología ve la situación como complicada y no descartó que se esté trabajando un “caos ordenado con fines perversos y deliberados” en el país.
En ello coincidió Villagrán, quien consideró que “hay como una olla de presión”, donde la posible infiltración de gente con otros propósitos en las movilizaciones podría generar un estallido violento.
De igual forma, la analista se mostró preocupada por la cantidad de fuerzas de seguridad movilizadas hoy al Centro Histórico, pues la ve como una demostración de fuerza innecesaria.
Mientras tanto, el director de la CIG expuso que no son solo estos tres días de manifestaciones, sino que una serie de acontecimientos que se han dado en los últimos meses, incluyendo la falta de certeza jurídica, el accionar de las Cortes, afectan el clima empresarial y el aspecto económico.
“En la encuesta de índice de comportamiento industrial en Guatemala se mostró que esta actividad bajó en 5%, eso afecta la creación de empleo y por lo tanto incrementa la pobreza, falta de oportunidades y migración”, expuso.
“Somos respetuosos del libre derecho de manifestación de las personas, pero deben hacerse dentro del marco de la ley y guardando la libre locomoción de los guatemaltecos”, dijo en cuanto a las movilizaciones en diferentes partes del país.
Diálogo necesario
El columnista Manuel Villacorta resaltó la importancia de que se lleve a cabo un proceso de diálogo para atender esta situación que se registra en Guatemala. Sin embargo, consideró que el Gobierno es incapaz de crear una mesa de diálogo para canalizar todas las demandas sociales y resolver los problemas de forma objetiva.
El liderazgo social del país han actuado con prudencia y tranquilidad en espera de resultados, pero no se han dado, por lo tanto los “tambores de guerra” están prácticamente listos para eventualmente activarse, agregó.
Dijo también que está claro que el Gobierno no hará ningún esfuerzo para desarmar el potencial conflicto de insospechadas consecuencias para el país, por lo cual tendría que buscarse la intermediación en otros sectores. El G4 podría ser quien llame a una mesa de diálogo, señaló.
En opinión de Villagrán, no hay ningún conflicto en el mundo que no se resuelva con un proceso de diálogo. “La dificultad que enfrentamos es la deslegitimación que hacemos de los liderazgos, es una crisis de representatividad muy grande la que estamos teniendo”, señaló.
Para ella, la única solución posible es que se haga un pacto inicial en donde se reconozca que el otro representa a alguien o un tipo de interés específico y no haya ataques personales.
“Debemos empezar a hacer una identificación de los problemas y abordarlos sin cuestionar hasta dónde las personas que se sienten en a la mesa son legítimas o no”, detalló.
Para Zepeda, en esta situación es importante que los tres poderes del Estado actúen con suficiente energía y prudencia, y que los grupos que estén en desacuerdo no sean provocadores de actos de falta de respeto a las instituciones.
“Hoy más que nunca debemos luchar por respeto a instituciones y al estado de derecho. No podemos estar cambiando presidentes únicamente porque no estamos de acuerdo de la forma como actúan”, expresó.
Mientras que Caballeros destacó que el orden constitucional es la base del estado de derecho y que es importante reconocer que existe la ley y hay mecanismos para hacerla cumplir, pero también hay mecanismo que atañen a los ciudadanos cuando quieren manifestar su desacuerdo por decisiones de funcionarios, incluyendo más altas autoridades.
