Canciller Sandra Jovel arremete contra la CICIG y Naciones Unidas

La funcionaria señaló a la comisión de haberse convertido en una "estructura paralela" como las que le correspondía investigar.

Por Publinews

La canciller Sandra Jovel señaló la falta de acción de parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender las “preocupaciones” del Estado de Guatemala con relación a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, hizo señalamientos contra la comisión y su titular Iván Velásquez, con relación a la manera en la cual se han desarrollado sus labores en el país, incluso señaló a la comisión de ser una “estructura paralela”.

Sus declaraciones se dieron durante una conferencia ofrecida este jueves en el Palacio Nacional, en donde el presidente Jimmy Morales, acompañado del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó su decisión de no renovar el mandato de la CICIG y prohibir el ingreso de Velásquez al territorio nacional.

Jovel indicó que el objetivo de solicitar la creación de una comisión de este tipo en el país fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad, asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y las entidades defensoras de los derechos humanos.

Según dijo, por el contrario, el interés no fue el que se vulnerara la institucionalidad, justicia, paz y seguridad en el país. Sin embargo, consideró que “lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales, ha causado efectos nocivos, los cuales es preciso enmendar".

"La CICIG se convirtió en una estructura paralela, a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”, expresó.

“Abusar y extralimitarse en su mandato, la intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala”, manifestó la funcionaria.

Critica a la ONU

La ministra de Relaciones Exteriores detalló que desde agosto de 2017 el Gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría General de la ONU, al amparo del artículo 12 de resolución de controversias, contenido en el acuerdo de creación de la CICIG.

Además, dijo que se presentaron pruebas documentales sobre acciones “que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos”.

Jovel afirmó que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y su equipo ignoraron las preocupaciones del Gobierno de Guatemala, tanto al respecto de la interpretación como la aplicación del acuerdo.

“Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el pacto de derechos civiles y políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca”, resaltó.

“Señor Secretario General, usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional, que dicte a los Gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados”, expuso la funcionaria.

Reiteró al secretario general de Naciones Unidas que “de manera imparcial e inmediata” atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la Organización e hizo un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala.

Señalamientos contra CICIG

A criterio de Jovel, se han dado actos claros de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. “Velásquez ha presionado al Congreso para hacer reformas a la Constitución y enmiendas a leyes ordinarias en el país”, dijo.

“La intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal”, agregó.

También aseguró que la CICIG manipuló a la justicia en casos paradigmáticos, como el de los hermanos Valdés Paiz, por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que “estuvieron en prisión preventiva por ocho años y fueron absueltos”.

Asimismo, la canciller atribuyó a la comisión y a Velásquez acciones de “abuso de mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar y aterrorizar a la ciudadanía, y violentar el principio de presunción de inocencia”.

Mencionó que uno de los casos más preocupantes es el allanamiento de CICIG en Casa Presidencial, donde aseguró que hay un video que demuestra la “forma violenta” en que se desarrolló.

Además, hizo referencia a irregularidades en los casos de la muerte del exministro de Finanzas Pavel Centeno, y el caso Pavo Real, relacionado con ejecuciones extrajudiciales, “donde los implicados fueron absueltos en juzgados nacionales y extranjeros por no existir suficientes elementos probatorios”.

“Ante estos excesos se decidió no renovar el mandato de la Comisión e impedir el ingreso del señor Velásquez, dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública, sino también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país”, explicó.

Finalmente, detalló que se solicitó al secretario general de la ONU “que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas”.

“El gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida a fin de evitar mayor polarización en la sociedad”, puntualizó la canciller.

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