Acerca de la situación actual de Guatemala se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, luego de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y prohibir el ingreso de su titular, Iván Velásquez, al país; y las iniciativas de ley que conoce el Congreso.
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Como invitados en cabina participaron Edgar Ortiz, abogado, analista político y catedrático universitario; y Alejandro Balsells, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).
Balsells ve como lógico que Velásquez siga en sus funciones, pues hay un acuerdo que está vigente. “El presidente Morales no es el jefe de la CICIG y decir quítenlo. Lo que estamos viendo es todo un movimiento en cámara lenta. Muchos abogados están justificando lo injustificable”, señaló.
Aunque está en sus facultades decidir sobre el mandato de la comisión, se debe ver el contexto en el que Morales hizo el anuncio de la no renovación, principalmente por mostrarse rodeado de militares.
El abogado consideró que hay una amenaza muy clara de no acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues se contradice lo establecido el 18 de octubre de 2017 relacionado con la libre movilidad del personal de CICIG.
Mientras tanto, Ortiz indicó que las acciones tomadas por el Ejecutivo son altamente autoritarias y tienen efectos políticos. “Mi preocupación principal es a qué paso y a qué ritmo se erosionan los principios de la democracia liberal”, dijo.
En su opinión, Morales y su grupo de Gobierno que lo respalda en este tipo de decisiones está “tanteando” qué tanto va a reaccionar la comunidad internacional en cuanto a represalias. “Están en un pulso donde empujan la balanza cada vez más a su favor hasta donde puedan”, resaltó.
El catedrático visualiza un enfrentamiento institucional y también de sociedad civil que lógicamente tienen algunos a favor y otros en contra.
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“El enfrentamiento madre va a ser entre lo que decida el Ejecutivo y lo que pueda contestar la CC, pero alrededor de esta batalla se gestarán otras en el Congreso, inicialmente para reformar el tema del antejuicio y después para el financiamiento electoral ilícito”, dijo.
Reformas sobre antejuicios
Los diputados respaldaron un propuesta de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio y esta avanzó ayer en primer debate, lo cual ha generado una serie de reacciones, la mayoría negativas.
La iniciativa contempla que sea el Congreso el que conozca las denuncias contra el Procurador de los Derechos Humanos y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Acerca de ello, Balsells señaló que el tema de la CICIG se una al contexto político donde se presenta un proyecto que modifica la referida ley, en el que “se mete un gol” al decir que las denuncias contra estos funcionarios ya no pasarán a conocimiento previo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el análisis sobre si son espurias o políticas.
El integrante del Cedecon calificó esto como una medida autoritaria, dictatorial e inconstitucional y consideró que este contexto político en que están desarrollando esta norma es muy peligroso.
“En el Congreso están pidiendo la cabeza de magistrados CC porque no les gusta lo que han fallado. Van a quitar magistrados, fiscales, PDH, contralor o magistrados del TSE en pleno proceso electoral”, añadió.
En tanto, Ortiz, explicó que actualmente cuando se denuncia a alguno de estos funcionarios el caso se traslada a la CSJ, donde se analiza si la denuncia se enmarca en el ámbito legal, y de ser así, es trasldadada al Congreso.
Si se cambia el proceso habría una denuncia sin filtro de legalidad y ello “pone en jaque la independencia de los jueces”, manifestó.
“Se está fraguando una suerte de pacto de corruptos. Será algo como lo que pasó hace un año, pero ahora más reforzado porque aprobarán legislación regresiva, ya que están envalentonados (los diputados) con lo que hizo el presidente y generará más enfrentamiento entre la población”, puntualizó Ortiz.
