Ministerio Público presenta solicitud de extradición de Luis Rabbé

El exlegislador guatemalteco fue detenido el 23 de julio en Nuevo León, México, y está señalado en un caso de plazas "fantasma" en el Congreso.

Por Publinews

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes que ya fue presentada la solicitud formal de extradición del expresidente del Congreso, Luis Armando Rabbé Tejada, vinculado a un caso de plazas “fantasma”.

Rabbé fue detenido el pasado 23 de julio en el estado de Nuevo León, México, después de casi dos años de estar prófugo.

“La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP hizo el requerimiento ante el Juzgado contralor de la causa para que vía diplomática el memorial sea remitido ante las autoridades mexicanas y que el exdiputado afronte el proceso de extradición hacia Guatemala”, explicó Julia Barrera, portavoz del ente investigador.

Rabbé estaría involucrado en una serie de contrataciones irregulares de personal en el Organismo Legislativo y es señalado por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

En prisión

El legislador suspendido del cargo se encontraba prófugo desde septiembre de 2016 y enfrenta una solicitud de extradición, que hoy se formalizó por medio de la petición realizada por la Fiscalía.

Un día después de su captura se conocieron los resultados de la audiencia realizada por las autoridades mexicanas, en donde se le dio seguimiento a su caso. Un Juzgado del Distrito del Centro de Justicia resolvió enviarlo a prisión preventiva, por lo cual permanece en el Reclusorio Sur de la capital de ese país.

Señalamientos

De acuerdo con investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Rabbé habría cometido ilegalidades cuando fungió como presidente de la junta directiva del Legislativo, en el período 2015-2016.

Las pesquisas establecieron que durante esos meses se dio “un gran número de contrataciones que presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales”.

El exlegislador habría ordenado un total de 164 plazas para personal que, en algunos casos no cumplía con el perfil del puesto, y en otros se reflejó la toma de posesión retroactiva.

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