ONU: Nicaragua aplicó represión generalizada ante protestas

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al presidente Daniel Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias en Nicaragua.

El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apunta el informe.

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En declaraciones a los reporteros en Ginebra, el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, hizo un llamado a no perder de vista la situación del país centroamericano.

“La represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”.

Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda” y a sacar al país del “clima de miedo” en el que está sumido.

“En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.

El equipo de Naciones Unidas alcanzó sus conclusiones pese a los obstáculos del ejecutivo. Los investigadores no pudieron acceder a agencias gubernamentales relevantes ni acudir como observadores a vistas judiciales de acusados de delitos que iban desde crimen organizado a terrorismo por su participación en las protestas. Cuando intentaron viajar fuera de la capital, Managua, el Ministerio de Exteriores se lo impidió alegando razones de seguridad.

Más de 300 personas han muerto desde mediados de abril, a raíz de la violencia en la nación centroamericana.

*Con información de AFP y AP