Cabrera califica "débil" al TSE tras firmar convenio con CICIG

El vicepresidente Jafeth Cabrera cuestionó al Tribunal Supremo Electoral por haber suscrito un convenio con la Comisión para fiscalizar a los partidos políticos.

Por Saira Ramos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) firmaron el jueves una carta de entendimiento la cual les permitirá fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos en las elecciones de 2019.

El vicepresidente, Jafeth Cabrera, habló este martes sobre el tema y cuestionó al TSE por haber solicitado ayuda del ente internacional, con Iván Velásquez, al frente.

"Tenemos que salir adelante por nosotros mismos. No sabemos por qué se sienten tan débiles para pedir apoyo internacional y sacar adelante el proceso electoral. Si hay errores (en el financiamiento de los partidos) para eso están los procesos jurídicos", dijo.

 

Ante esa respuesta Cabrera fue consultado si él también se oponía al acuerdo al que llegó el TSE y la CICIG con el apoyo de varios grupos de la sociedad civil y algunos representantes de los partidos políticos y respondió:

"Los guatemaltecos debemos ser responsables para sacar adelante a el proceso electoral y no se tiene por qué buscar apoyo internacional".

El vicepresidente aprovechó el espacio para cuestionar el trabajo que hacen los magistrados del TSE, ya que ellos fueron designados por sus "capacidades".

¿Qué busca el convenio?

El TSE y la CICIG unieron esfuerzos para fiscalizar el financiamiento electoral que reciban los partidos políticos.

Con ese convenio, la CICIG apoyará a las unidades especializadas de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, las cuales se crearon en 2016 con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

No obstante, los esfuerzos para auditar los fondos privados que reciban las agrupaciones políticas han sido criticadas por los detractores de Velásquez y por los diputados que fueron electos con partidos que son señalados de haber recibido financiamiento electoral ilícito.

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