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Pérez Molina se opuso a que contratos para comprar “fórmula mágica” se declararan lesivos, señala testigo

Este martes continúa el juicio del caso Lago de Amatitlán, en donde están acusadas la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 12 personas más.

Un nuevo testigo propuesto por el Ministerio Público (MP) inició su declaración este martes en el juicio que se sigue contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 12 personas más, a quienes se les vincula con un fraude al Estado al adquirir una fórmula que supuestamente serviría para sanear el lago de Amatitlán.

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Se trata de Marlon Valladares, exdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), quien señaló que rescindió los contratos con la empresa israelí M. Tarcic Engineering, proveedora de la “formula mágica”.

“Se rescindieron los contratos y en algunos pedí la devolución de la totalidad del dinero”, expuso.

De igual forma, solicitó que no se vertiera la sustancia en el lago para evitar causarle más daño, porque se decía que era corrosiva, y determinó que la misma no tenía inscripción sanitaria.

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Valladares agregó que se acercó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para pedir que esos contratos se declararan lesivos para los intereses del Estado, pero se le indicó que el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, había girado instrucciones para que no se hiciera ese proceso.

Por aparte, el testigo reveló que Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, era quien agilizaba los procesos en Amsa con relación a este proyecto para el lago, pese a que no laboraba en esa entidad.

El fraude

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en 2015 los resultados de una investigación en los cuales se reflejaba un fraude millonario al Estado, en donde se hizo una contratación de forma irregular para adquirir una fórmula que supuestamente serviría para sanear el lago de Amatitlán.

De acuerdo con la Fiscalía, el proyecto de la limpieza estaba valorado en Q137.8 millones, de los cuales Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la sustancia que sería vertida el lago, la cual tras ser analizada se determinó que era agua con sal.

El juicio de este caso está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C.

* Con información de Emisoras Unidas.

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