El contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, dio a conocer que se llevará a cabo una auditoría concurrente en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) en seguimiento al equipo que se habría adquirido para supuestas actividades de espionaje.
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En una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario señaló que procederán a verificar qué procedimientos se utilizaron en esa dependencia para la compra y alquiler del equipo y software que se señala en una investigación periodística publicada por Nuestro Diario.
Según la nota del referido medio, el Gobierno adquirió al menos 11 softwares para la interceptación de llamadas, tráfico de internet, desencriptación de mensajes, injerencia y extracción de información en redes sociales, infiltración y extracción de datos de las llamadas, mensajes, contraseñas entre otros.
Mencos aclaró que la Contraloría debe revisar los procedimientos de compra, si los hicieron según la ley, si tienen la justificación correspondiente, si no es una compra que colisione con la calidad del gasto; sin embargo, tienen algún grado de limitación en cuanto al alcance del uso real de los equipos.
“En este momento nosotros vamos a nombrar ya la auditoría concurrente para que se presente inmediatamente a la Digici y puedan obtener toda la información que sea necesaria”, señaló el funcionario.
Práctica “ilegal”
También se conversó durante el programa con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, quien resaltó la importancia de que en el ejercicio periodístico se revele este tipo de “abusos de parte del Estado”.
A su criterio, es deleznable y cuestionable que los organismos de inteligencia regresen al pasado, a lo que calificó como “prácticas oscuras de vigilancia” que se aplican para tratar de establecer cuáles son los movimientos de los actores de la sociedad.
“Si el software y los equipos de alta tecnología fueron adquiridos para la vigilancia, seguimiento y persecución de operadores de justicia, políticos, periodistas y actores de la sociedad creo que es una práctica ilegal”, señaló.
Todos estos aparatos que el Estado adquiere pueden ser legales, pues puede comprar los instrumentos que considere necesarios, pero a través de los organismos establecidos, que son la Unidad de Métodos Especiales de Investigación y la División de Métodos Especiales de Investigación, que hacen escuchas telefónicas judiciales para hacer persecuciones de estructuras criminales, expuso el entrevistado.
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Aseguró que el objetivo de las actividades de inteligencia es hacer escenarios prospectivos criminológicos, perfilar estructuras criminales, perfilar áreas y zonas de alto riesgo para que la autoridad tenga la información certera en donde pueda hacer más drásticas las vigilancias y operativos, pero en ningún momento se deberían aplicar para espiar a ciudadanos.
Menocal calificó como un gasto desmedido los Q90 millones que se habrían erogado para este tipo de actividades, y mencionó que la Contraloría tiene marcos regulatorios para la compra y adquisición de equipo, software y tecnología para los organismos de inteligencia civil, por lo cual coincidió en la necesidad de que se aplique auditoría concurrente como lo anunció Mencos.
“Esa cifra es una exageración para los aparatos de vigilancia y de persecución, sobre todo si fueron utilizados para perseguir a operadores de justicia, ciudadanos y periodistas”, refirió.
Finalmente, indicó que las pesquisas no solo deberían hacerse a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra Ia Impunidad (FECI) del Ministerio Público, sino también en su momento los organismos de Inspectoría internos de la Digici y del sistema del Consejo de Seguridad Nacional debieran de realizar una investigación interna.
