Degenhart señala que MP y CICIG deben responder por espionaje

"Ellos son los que secuestraron las herramientas tecnológicas y ellos son los que deben dar una respuesta, no el Mingob", expresó el ministro Degenhart al ser consultado por los softwares para espiar y controlar celulares y redes sociales.

Por Ivonne Gordillo

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales "no tiene las capacidades" para hacer espionajes como lo denunció una publicación de Nuestro Diario.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) no tiene las capacidades para hacer escuchas ilegales, revisar correos electrónicos, teléfonos u otras herramientas informáticas. Cuando se hace una escucha es por la orden de un juez y con un procedimiento establecido", dijo.

Durante la administración del entonces presidente Otto Pérez Molina, el Mingob adquirió aplicaciones informáticas, las cuales fueron secuestradas en un allanamiento que hizo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ellos son los que secuestraron las herramientas tecnológicas y ellos son los que deben dar una respuesta, no el Mingob", agregó Degenhart.

 

Espionaje

De acuerdo con una investigación publicada, el Gobierno adquirió en 2012 un sistema de vigilancia de última generación para controlar a través de celulares y redes sociales a empresarios, políticos, periodistas, diplomáticos y dirigentes sociales.

Al menos 11 softwares fueron adquiridos para la interceptación de llamadas, tráfico de internet, desencriptación de mensajes, injerencia y extracción de información en redes sociales, infiltración y extracción de datos de las llamadas, mensajes, contraseñas entre otros.

El Estado ha invertido al menos Q90 millones en la compra de este sistema, que dio inicio en marzo de 2012 en la Dirección General de Inteligencia Civil para espiar y controlar a ciudadanos.

Los equipos se utilizaron en las manifestaciones ciudadanas, que iniciaron en abril de 2015; sin embargo, la exministra Eunice Mendizábal ordenó la cancelación de contratos de las máquinas en mayo de 2015.

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