El asesinato de seis activistas (de enero a la fecha) del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), la organización de indígenas y campesinos más grande de Guatemala, ha generado indignación y repudio dentro y fuera del país. El último caso se registró el fin de semana con el asesinato de una joven activista.
Juana Raymundo, una mujer indígena Ixil y enfermera de 25 años, se convirtió en la sexta víctima en lo que va de 2018. Aunque su fallecimiento fue denunciado por la organización el domingo, continúan las reacciones de autoridades y organizaciones al respecto.
El mismo domingo por la noche, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, exigió al Ministerio Público “investigar, identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y materiales de estas cobardes acciones, atentatorias no solo contra la vida, de la libertad de asociación y de la emisión del pensamiento, sino de la democracia en general”.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Guatemala condenó el crimen el lunes y emitió un boletín de prensa rechazando “la serie de ataques violentos y asesinatos contra defensores de los derechos humanos. Renovamos nuestro llamado a las autoridades guatemaltecas a que realicen una investigación pronta y exhaustiva de estos asesinatos para identificar a los responsables y traerlos a la justicia”.
Crímenes
Raymundo, lideresa del municipio de Nebaj, en Quiché, había desaparecido el viernes y sus restos fueron localizados el sábado con señales de tortura, dijo Codeca.
La joven activista también era miembro del Comité Municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, organización que busca incursionar en política con miras a crear un Estado plurinacional y lograr la nacionalización de los bienes y servicios privatizados como la energía eléctrica.
A estos crímenes se suman dos más contra integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
En mayo pasado, Vitoria Tauli, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó el país y dijo sentirse preocupada por la vulnerabilidad en la que viven los indígenas y campesinos en Guatemala, por la criminalización que hace el Estado y el sistema de justicia de sus luchas.
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), confirmó el lunes que por los crímenes aún no hay ningún detenido.
La fiscalía emitió un comunicado de prensa el mismo día y expresó que “debido a la preocupación que se ha generado por estos asesinatos se abrió una mesa técnica entre el MP y Codeca a manera de utilizar la estructura regional que ya tiene el MP, para que las investigaciones en cada lugar sean eficientes y se realicen en el menor tiempo posible”.
* Con información de la agencia de noticias AP.