TECHO detiene construcción de viviendas para afectados por el volcán de Fuego

Diferencias entre autoridades gubernamentales hizo que la organización no continúe apoyando.

Por Joel Maldonado

A casi dos meses de la tragedia por la erupción del volcán que afectó a más de dos mil familias en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, la organización TECHO informó que no continuará apoyando la construcción de las viviendas para los damnificados.

TECHO emitió un comunicado para explicar las razones para retirarse del proyecto de la construcción de las viviendas temporales como de las casas que se construirían en la finca La Industria.

“Dado el panorama político en el que está inmersa la emergencia, TECHO no ha podido continuar con la ejecución que se tenía planificada para inicios de agosto, entendiendo que existen comunidades aún sin respuesta”, expresa el documento.

Varios diputados señalaron dudas e incongruencias en los datos y compras para las personas que fueron trasladadas a los albergues por la pérdida de sus viviendas, principalmente en Escuintla.

De acuerdo con la organización, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, del Ministerio de Comunicaciones, cuenta con el primer listado de familias de la aldea San Miguel Los Lotes, el cual fue validad por las autoridades comunitarias y oficializado por la municipalidad de Escuintla y Gobernación Departamental.

Sin embargo, el apoyo a otras comunidades queda en un impase porque la mesa multisectorial de recuperación solicitó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reevaluar la situación del área afectada para reubicar a las familias, pero por no tener aún el informe no se podrá continuar con la gestión de soluciones hasta que no se hagan públicas.

“Es importante invertir en acciones de prevención, ya que la situación de desigualdad que existe en Guatemala, genera que millones de personas vivan en zonas de alto riesgo, siendo afectadas cuando suceden catástrofes”, agrega la organización.

Por lo que TECHO hace un llamado a concretar la respuesta para las más de dos mil familias que siguen en alto riesgo y sus derechos siguen vulnerados.

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