Tres años y tres meses después de que se dio la primera captura por el caso La Línea, hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se analizó cómo avanza el proceso. Ayer, este quedó suspendido debido a una acción legal planteada por la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, una de las sindicadas.
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Como invitados en cabina participaron Ana Lucía Alejos Botrán, abogada; y Nery Rodenas, abogado y director del Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), quienes coincidieron en que durante el proceso ha existido “litigio malicioso” de parte de los defensores de diferentes señalados.
Luego de que Baldetti recusó al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, el proceso quedó suspendido y no se podrán realizar audiencias hasta que una Sala resuelva la acción planteada, lo cual significaría un retraso de por lo menos nueve meses, de acuerdo con el togado.
Acerca de ello, Rodenas consideró que eso es exactamente lo que buscan las partes involucradas en el caso, retrasarlo por medio de acciones para evitar que se les pueda llevar a juicio.
“La ausencia de los abogados, el interponer recursos, el declarar enemigos a los jueces, es para ir aplazando el proceso y que otros jueces conozcan para que quede en diferentes condiciones el caso”, explicó.
E hizo referencia a que el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está vigente por ahora solo hasta septiembre de 2019, y si no se renueva podría ser conveniente para las personas sindicadas en el caso La Línea.
Por su parte, Alejos señaló que la constante alrededor de Roxana Baldetti ha sido los abusos que ha cometido desde que estaba en el poder, cuando “se sabía que era la mujer más poderosa de Guatemala”, situación que se mantiene en la actualidad, a pesar de estar detenida, pues no solo en este caso, sino en los otros donde está señalada ha dado muestras de que está “abusando del poder, de los guatemaltecos y del Estado”.
“No creo que lo busque es enemistarse con el juez, sino tener un juez que le falle de acuerdo a lo que ella quiera, lo cual definitivamente no van a encontrar”, expresó.
A criterio de la abogada, en Guatemala se tienen dos tipos de juicios: el social y el legal. El primero ya lo perdieron Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, a quienes se logró remover del cargo¡ con las manifestaciones ciudadanas en la plaza en 2015.
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“A la clica del Partido Patriota ahora le toca el proceso legal”, dijo y mencionó que si se dan sentencias condenatorias contra los exgobernantes se marcaría un precedente histórico y jurídico en el país.
Alejos dijo que el caso de La Línea ya está armado, por lo cual independientemente a que CICIG continúe o no, el proceso ya está armado y la acusación ya se presentó. “Ahorita lo único que falta es sustentar esta acusación en un debate oral y público y esto es lo que están retardando”.
Según la profesional, aunque no haya presencia de la comisión, el MP debería tener las herramientas suficientes para demostrar en el debate oral y público la culpabilidad de estas personas.
Litigio malicioso
La abogada resaltó que en el caso de Baldetti hay litigio malicioso, pues se está abusando de los recursos que la ley otorga. “Guatemala necesita justicia. Han desgastado de forma abusiva el proceso jurídico. Es necesario que Guatemala se una y exija que se haga justicia en este caso”, resaltó.
Por su parte, Rodenas señaló que “hay un retardo malicioso, es decir que con las acciones legales no se busca litigar de buena fe”. En ese sentido, resaltó la necesidad de que se incrementen las sanciones para los abogados que incurran en este tipo de situaciones.
Al ser consultado sobre el tema, César Calderón, abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina, dijo que el factor más importante que provoca atrasos es la cantidad de personas que están dentro de los casos, pues cada uno de los casi 30 abogados puede presentar acciones que le parecen pueden representar un beneficio o derecho de defensa para sus clientes.
A su criterio, la recusación interpuesta por la defensa de la exgobernante tuvo materia en el sentido de que el juez quería dejar sin oportunidad de ofrecimiento de prueba a Baldetti.
“Tenía que darle la oportunidad para que ella se defendiera, sería una enorme violación a su derecho no poder defenderse con las pruebas que necesita”, manifestó.
Asimismo, consideró que no serán nueve meses los que se podría retrasar el caso, sino incluso el período podría ser mayor.
“Es muchísimo más y la tardanza ocurre a veces a instancias de la CICIG, del MP o de los propios defensores públicos. Son tantas partes en el proceso y todos tienen intereses, y cada vez que se manifiesta un interés hay un retraso. Además, el juez es responsable de muchos períodos que se han perdido”, resaltó.
Según Calderón, Pérez Molina ve mal este tipo de situaciones “porque desde el inicio dijo que quería llegar a un juicio rápido”.
“Nosotros queremos llegar a juicio y estamos preparados para hacer la defensa porque en el caso La Línea no va a haber condenas porque no hay defraudación aduanera. Si la hubo, (pudo ser) a instancias de otras personas, pero de parte del general seguramente que no hubo”, indicó.
Finalmente, los tres entrevistados hicieron referencia a que otro elemento que afecta en el cumplimiento de los plazos perentorios de los procesos judiciales son las carencias que tiene el Organismo Judicial, específicamente en tema de recursos humanos, económicos y materiales.
