Se suspende audiencia del caso Transurbano por acción planteada por Alejos

Gustavo Alejos recusó al juez que conoce el proceso porque no le otorgó arresto domiciliario, pese a que asegura tener problemas de salud.

Por Joel Maldonado

La continuación de la audiencia de etapa intermedia del caso Transurbano, en donde se encuentra sindicado el expresidente Álvaro Colom y otros 12 exfuncionarios de su Gobierno, fue suspendida este lunes luego de que se presentara una acción legal contra el juez.

Gustavo Alejos, exsecretario Privado de la Presidencia, planteó una recusación contra el juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulum, quien conoce el proceso.

El argumento que utilizó la defensa del sindicado es que el togado se negó a darle medida sustitutiva, pese a que se presentaron informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en los que supuestamente consta que tiene más de 20 padecimientos que podrían generarle un paro cardiaco.

Cojulum le dio trámite a la recusación, la cual deberá ser conocida por la Sala Primera.

Cabe mencionar que en otros dos casos en donde está procesado, Alejos ya recibió medida sustitutiva de arresto domiciliario. Se trata de Negociantes de la Salud y Cooptación del Estado.

Mario Castañeda, abogado de Colom, explicó que hoy se presentaron a Tribunales para continuar con la diligencia, pues estaban citados; sin embargo, se les indicó que estaba suspendida.

El defensor indicó que tanto él como los abogados de otros sindicados presentaron anteriormente una serie de acciones, incluidos incidentes de competencia, los cuales a su criterio, debieron resolverse antes de que se conociera la etapa intermedia.

Señalados

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron a inicios de 2018 los resultados de una investigación realizada en seguimiento al proyecto de transporte Transurbano, en el cual se detectaron anomalías.

Según las pesquisas, trece personas del gabinete de Colom estarían vinculadas con un fraude de 35 millones de dólares al Estado de Guatemala.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que tiene a su cargo este caso, presentó en mayo pasado la acusación formal contra los sindicados, la cual consta de 603 medios de investigación.

Los exfuncionarios son señalados de diferentes delitos, entre estos, fraude, peculado y lavado de dinero.

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