Expresidente Álvaro Colom presenta acción para cerrar el proceso en su contra

El exmandatario, señalado en el caso Transurbano, asegura que se violentó el debido proceso en su contra, al extremo de vulnerar su vida, libertad, justicia, seguridad y presunción de inocencia.

Por Omar Solís

El expresidente Álvaro Colom, sindicado en el caso Transurbano, presentó una acción legal con la cual busca que se cierre el proceso en su contra, pues asegura que ya anteriormente su caso fue desestimado.

Su defensa argumenta que se violentó la lógica del juez natural, el debido proceso y la presunción de inocencia. “Existe una doble persecución que viola mis derechos constitucionales”, manifestó el exgobernante por medio de un comunicado.

En este resalta: “durante mi gestión como Presidente siempre apoyé e impulsé el combate a la impunidad, la lucha contra la corrupción e hice las gestiones para que en 2008 se instalara definitivamente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

Colom se encuentra ligado a proceso penal por los delitos de fraude y peculado. La Fiscalía lo señala de estar vinculado con un fraude de 35 millones de dólares al Estado de Guatemala. Por este caso hay otros 12 exfuncionarios de su gobierno procesados.

Los argumentos

Por medio de un comunicado, la defensa del exmandatario dio a conocer que presentó en el Juzgado Undécimo Penal una actividad procesal defectuosa, bajo el argumento de que el 9 de febrero de 2012 la Fiscalía de Sección contra la Corrupción le habría solicitado al Juzgado Décimo Penal la desestimación de este caso a favor de él y otras tres personas.

“La Fiscalía estimó conveniente solicitar la desestimación parcial porque no había delito que perseguir en mi contra, y continuar la investigación a los responsables de la ejecución del sistema prepago”, detalla el texto.

De igual forma, señala que el órgano jurisdiccional supuestamente resolvió la desestimación y la ratificó a favor de Colom, al igual que el archivo del caso. “Esta demanda desestimada a mi favor se basó en la firma del Acuerdo Gubernativo 103-2009, el mismo argumento que utilizó el febrero de 2018 la FECI y la CICIG”, añade.

El documento expone además que si el MP y la CICIG hubieran encontrado nuevas evidencias debieron haber pedido la reapertura del caso en esa misma instancia. “Lo hicieron en otra judicatura y con otro juez, sorprendiéndole en su buena fe”, cita.

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