Expertos señalan falta de utilización del informe de la Contraloría para minimizar riesgos y trazar soluciones

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó el pasado viernes su informe de auditoría a la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado del ejercicio fiscal 2017. Acerca de este tema se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron: Carlos Mencos, Contralor General; Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana; y Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Mencos señaló que “el dato más revelador” de los recientes casos que desarrolla la Contraloría no aparece en este informe, pues son temas que están en proceso de investigación. Según dijo, en el documento hecho público la semana pasada solamente presentó "un pantallazo" de los aspectos que han estado trabajando en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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Asimismo, Mencos adelantó que como resultado de ese trabajo en conjunto, actualmente hay más de 10 casos en proceso, aunque aclaró que no todas culminan con acciones penales, pues es al final de una “investigación profunda” cuando se determina si procede o no hacer una denuncia de ese tipo.

En cuanto al informe sobre el presupuesto 2017, el funcionario detalló que el mayor porcentaje de casos está enfocado en temas de infraestructura y redes de corrupción de familiares que operan en las distintas municipalidades. “Hacen agendas de negocios con efectos directos en el menoscabo de intereses del Estado”, dijo.

A criterio del contralor, desde abril de 2015 se ha observado mayor incidencia del trabajo de la entidad a su cargo, y no porque antes no se trabajara, sino porque a partir de ese entonces ha habido más coordinación interinstitucional y más requerimientos de parte de la ciudadanía por conocer lo que ocurre. Según dijo, no solo se trabaja con el MP y la CICIG, sino también con la cartera de Salud Pública.

Mientras tanto, Flores señaló que el informe de la Contraloría es bastante amplio y que se observa en este un enfoque preventivo, lo cual va enfocado en que los mecanismos que son anómalos puedan subsanarse. Ello aunque se trata del ente fiscalizador por excelencia del tema del gasto público, cuyo mandato se enfoca en el tema de “ex post”.

De acuerdo con el integrante de Acción Ciudadana, la visión en la lucha contra la corrupción tiene dos enfoques: sancionar a nivel penal, y sancionar a nivel reparos. Pero, opinó que es más efectivo prevenir que sancionar.

“Vemos la importancia de este informe”, señaló el investigador, aunque destacó, al igual que Mazariegos, que no se le dé el uso adecuado a este documento.  

Según los entrevistados, con el informe de la Contraloría se podrían implementar acciones de detección de riesgo en el caso del Ejecutivo, al observar los problemas que más se repiten y poder erradicarlos. Además, serviría de apoyo en la fiscalización que corresponde hacer a los diputados en el Congreso, y podría ser utilizado como instrumento por las organizaciones de sociedad civil que trabajan en este tema.

Para Flores lo que se ve es todo lo contrario, pues aunque considera al informe de la Contraloría como el principal elemento, además de Guatecompras, para servir como sistema de fiscalización, lo que hacen los diputados es usarlo como “mecanismo de extorsión para pedirle plazas a los ministros”.

Por su parte, Mazariegos aseguró que el informe de la Contraloría coincide con el del Procurador de los Derechos Humanos, en el sentido de que las entidades con menos transparencia y peor uso del presupuesto son los Consejos de Desarrollo, las municipalidades, los fideicomisos y el sector deporte, en donde aseguró que se observa una “correlación entre la falta de transparencia y el mal uso de los recursos”.

De igual forma, la secretaria ejecutiva señaló que lo presentado por la Contraloría es una porción de la realidad nacional, pues la entidad no tiene la capacidad de personal ni de elementos de infraestructura para poder evaluar todo lo que ocurre en las entidades públicas, sino que audita solamente una porción.

Casos que destacan

Mazariegos se refirió a un caso reflejado en el informe presentado recientemente, el cual dijo “llora sangre”, y no solo por los montos y cifras, sino porque se trata de un tema humanitario, que es el de la tragedia en El Cambray, Santa Catarina Pinula, en donde un deslizamiento de tierra destruyó en octubre de 2015 a una comunidad y cobró múltiples vidas.

“Las autoridades recibieron 3 millones de dólares en donación de dos entidades internacionales, no sujetas a la lay de Contrataciones. Estos fondos fueron desembolsados de inmediato para superar la crisis humanitaria, pero pasaron tres años y se ejecutaron menos del 30% de los recursos y no han devuelto la donación”, explicó.

“Lo que no tiene nombre es no haberlo ejecutado, porque estas personas (los afectados de El Cambray) hasta hoy no han resuelto su tema de vivienda. Ya venció el plazo para utilizarlo y ahora se les está reclamando que devuelvan ese 70% del dinero a los donantes”, añadió.

En ese sentido, el contralor explicó que este tema fue objeto de una denuncia penal para que el MP pueda investigarlo.

Otros casos abordados durante el programa fue el de la devolución de fondos al Ejército de Guatemala que ordenó la Contraloría al presidente Jimmy Morales, por haber recibido un bono mensual de Q50 mil durante nueve meses. Se determinó que un subalterno no puede otorgarle beneficios a su superior, explicó Mencos.

Asimismo, confirmó que de parte de los encargados de ejecutar el presupuesto en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) ya se llevó a cabo el reembolso total de los fondos, correspondientes a los gastos que se hicieron durante 2016 y 2017 en artículos para uso personal del mandatario Morales.

Otro de los hallazgos de la Contraloría que se incluyó en el informe fue el del vocero presidencial Heinz Hiemann, quien tiene contratos vigentes en dos Secretarías de la Presidencia y por los cuales devenga salarios diferentes por ejercer las mismas funciones.

En este caso, Mencos señaló que ya se resolvió en la instancia administrativa y que aún hay “mucho camino por recorrer”, ya que dependerá de la ruta que se adopte en este tema por parte del funcionario al que se le determinó el hallazgo: la corta sería devolver el dinero, y la larga, acudir a un Tribunal de Cuentas y presentar allá las pruebas de descargo que correspondan para comenzar un proceso en el ambiente judicial.

De igual forma se cuestionó al Contralor sobre el viaje del presidente y su comitiva en un avión proporcionado por alguien de quien hasta ahora el Gobierno se ha negado a dar a conocer su identidad.

“Es un obsequio, sí lo es, no podemos tratar de esconder el sol con un dedo. Pero, la Contraloría no puede hacer nada porque no hay movilización de recursos públicos, corresponde a otras entidades, no podemos desarrollar procesos de investigación”, detalló.

Mencos concluyó recordando a la ciudadanía guatemalteca que puede denunciar cualquier anomalía en el uso del presupuesto público llamando a la línea 1506, de la Contraloría General de Cuentas.