Este lunes fue inaugurado el Congreso Internacional “Acceso a la Justicia Constitucional de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad”, el cual se lleva a cabo en un hotel de la Ciudad de Guatemala, y tendrá una duración de dos días.
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El coro Voces de Luz y Expresión del Silencio, del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala fue el encargado de abrir la actividad, que es organizada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
La presidenta de la CC, Dina Ochoa, resaltó que los derechos fundamentales son importantes en todos los sectores sociales, y que Guatemala no ha estado exenta de los avances en el tema.
“En atención a esta realidad, la CC con el apoyo de Usaid, diseñó el congreso, que tiene como objetivo primordial colocar en la palestra nacional un tema de gran trascendencia para el Estado y la sociedad en general”, expresó la magistrada.
En tanto, Álvaro Ferrandino, director del Proyecto Seguridad y Justicia de Usaid, aseguró que “ha sido un honor y un gusto” haber trabajado de manera conjunta con la CC para concretar este evento.
“A mí, en particular, me generó mucha ilusión la propuesta que se abordará. El acceso a la justicia es por sí un tema apasionante; sin embargo, cuando se introduce la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad, esta adquiere dimensiones más profundas, complejas e interesantes”, señaló.
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Asimismo, destacó la participación de un público “diverso y plural” en el congreso, pues aseguró que a este asisten miembros de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, funcionarios del sector justicia, estudiantes y personas que han vivido segregación y discriminación.
Atención a grupos vulnerables
La magistrada Ochoa, quien asumió como presidenta el pasado 14 de abril, detalló que se tiene previsto implementar en la CC una oficina enfocada en la atención de grupos vulnerables, incluidos niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
En esta unidad estarían trabajando tres personas, que se encargarían de interactuar con los ciudadanos en busca de garantizarles el acceso a la justicia.
Como ejemplo de la atención que se estaría brindando, mencionó que quienes no conozcan el idioma español puedan recibir asistencia de traductores en las vistas públicas, permitiendo así su acceso a las mismas.
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