Hace unos días, el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, solicitó, de manera urgente, al Ministerio de Gobernación la protección a cuatro elementos de la Policía Nacional Civil.
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Tres de ellos, hasta hace una semana, estaban asignados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Al parecer, los policías Rumualdo Lozano Jutzuy, Rosa Mélida Peñate López, Silvia Soledad Escobedo, y el jefe del Departamento de Personal de la División de Información Policial, Antonio José Ávila González, fueron supuestamente retenidos contra su voluntad por las autoridades de Gobernación.
Ante eso, la entidad gubernamental publicó un comunicado señalando que en ningún momento fueron vulnerados en sus derechos fundamentales.
Este lunes, el Procurador valoró que el ministro Enrique Degenhart reconociera que existía un problema en el proceso y que por eso abrieron un expediente interno.
En un video publicado en las redes de la PDH, Rodas indicó que espera que Gobernación envié un informe, a más tardar el lunes, para emitir un resolución.
"En las actas donde se practicaron las exhibiciones personales constan hechos que llaman la atención, como largos interrogatorios por más de ocho horas y el uso de polígrafos", indicó el Procurador.
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Por su parte, el Ministro afirmó que los agentes están por el momento dentro de un proceso de investigación interna a través de Inspectoría General de la PNC y explicó a detalle que es un proceso normal.
¿Qué originó el problema?
La retención a los policías se dio después de que Degenhart le pidió explicaciones al comisionado Iván Velásquez por un “allanamiento” que supuestamente se hizo en su residencia.
El titular de la CICIG le informó a Degenhart que la indagación no era a su vivienda, sino a una empresa involucrada en un caso de corrupción y se informó que los agentes asignados a la CICIG se habían puesto a disposición de la división a cargo de Ávila González.
