Luego de la denuncia hecha por el Ministerio Público (MP) sobre la fuga de información que permitió alertar a los sindicados en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo cual generó que no se pudieron ejecutar las órdenes de captura de tres personas, el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial (OJ) se pronunciaron sobre el tema.
PUBLICIDAD
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó hoy en conferencia de prensa que en un informe emitido por la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) se concluyó que en esa institución no se filtró ningún tipo de dato sobre el caso.
“En la investigación interna que se hizo, Inspectoría emitió su informe desligando completamente de cualquier posible vinculación de agentes de la PNC en dicha fuga de información”, expresó.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara Penal del OJ, Josué Felipe Baquiax, expuso que tras conocerse el caso, se ofició al Consejo de la Carrera Judicial para la designación de supervisores de tribunales, a quienes les compete averiguar hechos como los denunciados.
En el informe emitido por dos supervisores que investigaron esta situación, se concluyó que sí hubo fuga de información, pero esta no se dio en el Organismo Judicial. El magistrado aclaró que corresponderá al MP determinar quién o quiénes fueron los responsables.
De igual forma, según dijo, se estableció que ni el juez ni los auxiliares judiciales del Juzgado Décimo Penal, el cual emitió las órdenes de aprehensión, participaron en los hechos.
PUBLICIDAD
En tanto, el documento manifiesta una serie de recomendaciones, entre las cuales se insta a que se restablezca la mesa técnica entre las instituciones signatarias del convenio que permitió la aplicación de un sistema informático para órdenes de captura, que se presume habría sido de donde se obtuvieron los datos que se filtraron, esto con el objetivo de buscar mecanismos que eficienten el uso del mismo como herramienta de apoyo.
También, se recomendó que el Centro de Información y Desarrollo de Estadística Judicial “implemente inmediatamente” la creación y emisión de las órdenes de aprehensión con parámetros de seguridad para hacer “más efectivo e invulnerable” el sistema informático, al igual que limitar el uso y visualización de la información incluida en este.
Señalamientos
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló el pasado 13 de abril que en seguimiento a un caso de compras anómalas de ambulancias en el IGSS, se tenía previsto capturar a tres personas, por lo cual se realizaron varios allanamientos.
Se pretendía detener a Henry Silva Madrid Romero, Carlos Humberto González y Juan Carlos Fernández, señalados de lavado de dinero y asociación ilícita; sin embargo, durante las diligencias se determinó que no se encontraban en sus residencias.
“Los sindicados ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el jueves 12 de abril. Incluso en uno de los domicilios allanados ya se encontraba el abogado representante de uno de ellos”, detalló la Fiscalía.
