¿Están fuera de la contienda los aspirantes a fiscal general que no alcanzaron la puntuación mínima?

Según el cronograma de la postuladora, el 23 de abril se estarían publicando en el Diario Oficial y dos medios impresos de mayor circulación, los nombres de los seis profesionales que integran el listado del cual el mandatario designará al nuevo fiscal general para el período 2018-2022.

Por Nancy Alvarez

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) realiza hoy la cuarta jornada de revisión y ponderación de expedientes de aspirantes, tomando como base la tabla de gradación.

Hasta el momento han sido evaluados 26 de 30 expedientes. Catorce de los postulantes no alcanzaron la puntuación mínima de 60, mientras que los 12 restantes sí obtuvieron las calificaciones para poder ser elegibles a integrar la nómina de seis profesionales que será trasladada al Presidente de la República.

Acerca de cómo avanza este proceso de selección se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados en cabina Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala; y Stuardo Ralón, abogado constitucionalista. Y por la vía telefónica se conversó con Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Los elegibles

De acuerdo con Ibarra, el hecho de que los aspirantes no hayan alcanzado la puntuación mínima de 60 no significa que queden fuera de la contienda, ya que las condiciones podrían cambiar y, aunque la comisión acordó considerar elegibles solo a quienes superaran esa calificación, hay varios escenarios que pueden afectar esa decisión.

La entrevistada dijo que actualmente ya fue presentado un amparo para evitar que la comisión “de manera arbitraria” decidiera esa puntuación mínima para poder optar a integrar el listado de seis, el cual aún no ha sido resuelto. Además, no se descarta que puedan interponerse otras acciones en contra del proceso.

Ibarra recordó que en la elección de fiscal general que se desarrolló en 2014, la comisión fijó un punteo mínimo de 48; sin embargo, posteriormente lo bajó a 40.

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Añadió que desde 2010 hasta la actualidad, en las comisiones de postulación ha habido una decisión de tener una puntuación mínima, pero eso puede modificarse, por ejemplo, si no hay suficientes aspirantes para elegir. “Puede haber un amparo para que se proceda a someter a votación a todos y no solo los que tengan más de 60”, dijo.

Pero no solo las acciones legales influirían en este tema, ya que quizá no consigan los votos suficientes quienes superaron la puntuación mínima para ingresar a la nómina final, y por lo tanto, los comisionados tendrían que “ir hacia abajo en las expectativas” y recurrir a quienes no alcanzaron los 60 puntos, explicó Ibarra.

Por lo tanto, la posibilidad para que en la comisión se modifiquen los aspectos ya establecidos sigue abierta.

“De momento no hay nadie fuera, todos están calificados, algunos con más y otros con menos (puntos). Está la decisión de la postuladora de considerar solo a los que superaron los 60, pero eso puede variar”, reiteró.

Aplicación de la tabla de gradación

Por aparte, durante el programa se analizó cómo se está llevando a cabo el proceso de calificación y ponderación de los expedientes con base en la tabla de gradación.

A criterio de Ibarra, con la observación que ha hecho de esta fase del proceso ha podido determinar que “la comisión no ha estado robando ni regalando puntos” a los aspirantes y la referida tabla se está aplicando tal como se aprobó.

“Si la persona acreditó todo lo que la tabla pide, tiene una buena calificación”, dijo. En ese sentido, añadió que aunque los profesionales tengan una trayectoria, eso no significa que tengan altos punteos.

Mientras tanto, Samayoa consideró que en la tabla aprobada por la comisión hay una debilidad en cuanto a los criterios para obtener el punteo. “No queremos ahorita un experto en derecho penal y litigio, se necesita una persona con el carácter suficiente de poder esperar la dinámica política que tiene ahorita el país”, expuso.

A criterio del abogado, el punteo de 60 pareciera ser muy alto, al tomar en cuenta las experiencias anteriores de selección de aspirantes.

Samayoa también opinó que el evento de elección del nuevo fiscal general es “muy trascendente”, incluso mayor que la consulta popular sobre el diferendo con Belice.

La sociedad exige cambios fuertes para tener un modelo de Estado con mayor transparencia y menor corrupción. Se necesita una persona que garantice la continuidad de estas acciones, refirió.

Por su parte, Ralón expresó: “Veo con mucha preocupación qué es lo que se está calificando y la manera en que se está haciendo”.

Según él, si lo que se quiere es tener un MP que abarque todo el territorio nacional y cuente con insumos, debería ser importante la capacidad de gestión y administración, pero no se está evaluando estos aspectos.

Para el momento político que se está viviendo en Guatemala se necesita un fiscal con carácter, capacidad de tomar decisiones y liderazgo; sin embargo, con esta tabla de gradación que se está aplicando da la impresión de que la selección no va enfocada en ello, opinó el abogado.

“La tabla es un mecanismo en el cual se empieza a perfilar qué tipo de fiscal va a salir de ese proceso, y no necesariamente ese es el ideal para una jefatura del Ministerio Público”, resaltó.

Finalmente, se refirió acerca de la designación que le corresponde hacer al presidente Jimmy Morales, quien del listado de seis aspirantes que la comisión le trasladará deberá elegir a la persona que dirigirá el ente investigador por los próximos cuatro años.

La mejor manera para que se elija a un profesional con “excelente perfil”, es que la postuladora le traslade una nómina con las seis mejores opciones, refirió.

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