"Después de haber escuchado varias observaciones sobre este acuerdo, analicé las ventajas e inconvenientes y decidí anular este acuerdo", afirmó Benjamin Netanyahu según un comunicado de su despacho.
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El lunes en la noche, el primer ministro de Israel había suspendido la aplicación del acuerdo con la ONU sobre los migrantes africanos, solo pocas horas después de haber sido anunciado.
El acuerdo tenía el propósito de sustituir un programa de expulsiones que había provocado una gran controversia y había anulado después de una decisión de la Suprema Corte israelí.
Establecía la reinstalación en países occidentales de más de 16 mil sudaneses y eritreos que viven en Israel y, a cambio el estado hebreo se comprometía a darles un permiso de residencia a un número equivalente.
"Decidí suspender la aplicación de este acuerdo y volver a revisar los términos", afirmó el lunes Netanyahu en su página Facebook.
El primer ministro dijo que había considerado las críticas a este acuerdo por parte de los habitantes de Tel-Aviv, donde viven la mayoría de los migrantes.
Pero el anuncio del acuerdo con la ONU también suscitó reacciones duras en el seno de la derecha israelí, e incluso de algunos cercanos a Netanyahu.
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"Ninguna obligación moral"
"Israel es un Estado judío y democrático que debe esforzarse en conservar su identidad", señaló por su parte la ministra de la Cultura, Miri Regev, apoyo indefectible de Netanyahu. En su opinión, las personas que entraron al país de manera clandestina y que se quedaron en Israel ilegalmente "tienen que volver a sus países".
Para el ministro de Educación, Naftali Bennett, dirigente del partido nacionalista religioso La Casa Judía, Israel no tiene "ninguna obligación moral de recibir clandestinos en búsqueda de trabajo".
Netanyahu, que el año pasado prometió "devolver el sur de Tel-Aviv a los ciudadanos de Israel", tenía previsto reunirse este martes con representante de la sociedad civil en esa ciudad.
En una primera reacción por la suspensión, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lamentó la decisión.
"Seguimos dispuestos a aplicar el acuerdo, porque tiene beneficios para todo el mundo", afirmó la portavoz Carlotta Salma.
