El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, confirmó este jueves que se autorizó una solicitud hecha por el expresidente Otto Pérez Molina para ser trasladado al Centro Médico Militar para que se le practique una evaluación.
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Pérez está sindicado en los casos de corrupción La Línea, Cooptación del Estado y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por lo cual permanece en prisión preventiva, y desde hace algunos meses busca que se le otorgue arresto domiciliario por “razones humanitarias”, ya que según ha informado, tiene padecimientos cardiacos.
Gálvez explicó que el exmandatario solicitó que se le pueda remitir al hospital militar porque le van a practicar exámenes. “Y por supuesto que está en derecho de que se le autorice”, por ser un tema de salud, indicó.
Asimismo, aseguró desconocer si estas evaluaciones a las que sería sometido están relacionadas con la petición que hizo de medida sustitutiva, tomando en cuenta que en una audiencia realizada recientemente esta solicitud se le denegó y se le solicitó actualizar los resultados de las pruebas médicas.
Pérez estaría siendo trasladado entre el jueves o viernes de la próxima semana al referido centro asistencial, “solo para que lo evalúen y le hagan pruebas médicas, con orden de que regrese inmediatamente a Mariscal”, expresó el togado.
Cabe recordar que la semana pasada, tras finalizar una audiencia, Pérez reveló que padece “fibrilación ventricular maligna”, lo cual aseguró que podría causarle la muerte. Además, mostró unas radiografías para comprobar su estado de salud y que tiene implantado un cardiodesfibrilador en su cuerpo.
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Otras peticiones
De acuerdo con Gálvez, son cinco los sindicados en el caso Cooptación del Estado los que han solicitado medidas sustitutivas aduciendo que padecen diferentes enfermedades, y tiene previsto darle prioridad a que se realicen las audiencias en donde se determinará si se les otorgan o no.
El togado explicó que en este tipo de diligencias se procede a citar a los médicos particulares de los señalados y a expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que rindan los informes correspondientes.
“Tratamos de realizar audiencia de revisión de medidas de coerción y se les da intervención a los médicos para, con base a lo que dicen ellos, tomar la decisión”, manifestó.
