La falta de acciones de prevención es el principal tema a atender en el país, a criterio de expertos que conversaron este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de la atención a la niñez y adolescencia.
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El tema analizado fue la situación de este grupo de la población, un año después de que ocurrió la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde fallecieron 41 niñas y adolescentes y 15 resultaron heridas.
Como invitados en cabina participaron: Rossy Palma, subdirectora ejecutiva de la asociación Refugio de la Niñez; Marvin Rabanales, abogado y consultor en derechos humanos; Zoila Ajuchán, psicóloga de la Niñez; y Abner Paredes, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Graves cicatrices físicas y psicológicas, así como sueños destruidos y continuar en una situación de vida que no es la más adecuada para un menor, son las secuelas que enfrentan las sobrevivientes.
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“Grité tanto para que nos abrieran”
Recuerdos de dolor permanecen en las adolescentes que estaban en el lugar del incendio, y que un año después, aún no logran sanar las heridas de lo que vivieron.
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La psicóloga Zoila Ajuchán relató cómo se comportan algunas de las menores y lo que ha podido conversar con ellas.
La mayoría perdieron el sentido de la vida y constantemente expresan: “No quiero vivir más, mejor me hubiera muerto en el incendio”, dijo la experta.
Y añadió que una de las niñas le mencionó: “Esto es como una carrera, pero creo que me he quedado a la mitad. Ya no la termino”.
Decían “miro el humo, miro el humo, y gritaban”, señaló la experta, acerca de la pesadillas y alucinaciones que enfrentan las menores.
Otras frases que ha podido escuchar de parte de las sobrevivientes son: “Cuando desperté y me vi yo quería morirme, no soy la misma”; y “grité tanto para que nos abrieran la puerta, me escucharon y nunca me abrieron”; “Le pedí tanto a Dios que abrieran la puerta y no lo hicieron”.
De acuerdo con Ajuchán, las menores están en un proceso de recuperación, no solo por el trauma del incendio, sino por toda su historia de vida, que en la mayoría de casos incluye maltrato y violencia sexual.
“¿Por qué no me morí?”
Por su parte, la subdirectora del Refugio de la Niñez, Rossy Palma, dio a conocer que en hogares de esa asociación se atendió a 12 niñas víctimas de la tragedia, algunas de ellas con amputaciones y más del 90% de su cuerpo con “fuertes quemaduras”.
La entrevistada relató la difícil situación que viven las menores, pues no pueden valerse por sí solas, ya que necesitan de al menos otra persona para que les apoye en la colocación de los trajes especiales y aplicación de tratamientos para tratar las heridas.
Según Palma, el tratamiento para las niñas tiene un costo de aproximadamente Q3 mil al mes, ello incluye las cremas y trajes que deben utilizar, a ello se le debe sumar los gastos de alimentación, vestuario y demás necesidades básicas.
La experta también relató el caso de una de las menores. “Llegó al Hogar Seguro por situación de vulnerabilidad, la mamá identificó que tenía un novio mayor, pero era por la situación que vivía de búsqueda de afecto, porque la familia la agredía”, dijo.
La joven provenía de una familia disfuncional y fue su propia madre quien acudió ante un juez y le dijo que no podía hacerse cargo de la niña, por lo cual fue enviada al referido hogar, donde sufrió quemaduras por las cuales ahora necesita tratamiento especializado.
“¿Por qué no me morí?”, es la frase que constantemente expresa la adolescente, quien actualmente tiene 14 años de edad.
"Tirados" a las calles
Abner Paredes, de la PDH, opinó que luego de transcurrido un año de la tragedia en el Hogar Seguro, no ha habido un cambio en el sistema de protección de este grupo de la población.
Explicó que los niños que estaban en ese centro el día del incendio fueron trasladados a otros hogares; sin embargo, los mismos no cuentan con adecuada infraestructura, se mantiene el hacinamiento, personal sin capacitación adecuada y no se toman las medidas de seguridad para evitar situaciones similares, pues los extintores están en espacios cerrados con candados, por ejemplo.
El entrevistado dijo que en Guatemala existe un “modelo perverso”, en donde las instituciones “se tiran la chibolita”, lo cual hace que los menores regresen al entorno en donde los violentaron anteriormente.
Pero no solo la situación de los menores es la que preocupa, sino también la de los jóvenes que estuvieron dentro de los hogares del Estado y que cumplen la mayoría de edad.
Ello porque de acuerdo con Paredes, cuando los y las adolescentes alcanzan los 18 años de edad son literalmente “tirados a la calle” y no se les da seguimiento a sus casos. “Hoy los vemos deambulando por el Parque Central”, relató, e hizo un llamado a que se genere un sistema adecuado para atender a los jóvenes.
Por su parte, Rabanales instó a la sociedad y las autoridades para que esos “gritos desgarradores no queden en el olvido”, sino que la tragedia sirva para reconocer que la niñez y adolescencia en el país debe ser atendida.
A su criterio, cuando ocurrió el incendio hubo indignación, rechazo, repudio y consternación en la sociedad, pero con el transcurso del tiempo se ha “enfriado” ese sentimiento de solidaridad.
El consultor en derechos humanos dijo que la sociedad tendría que ser más beligerante, auditar de manera más estricta y escrupulosa y poder demandar donde consideren que sea oportuno y ante quien consideren, para que se actúe de manera eficaz.
El entrevistado hizo referencia a la necesidad de que se cree un Sistema Nacional de Protección a la Niñez, que incluya el establecimiento de un ente rector, una gerencia, instituciones fortalecidas y políticas públicas para que exista “un norte” para cumplir en cuanto a derechos de la niñez y adolescencia.
"Debe atenderse cuatro ciclos para garantizar que un niño, niña o adolescente sea sujeto y no objeto: prevención, atención, reparación y restitución", expresó.
