La Junta Directiva y la Comisión de Liberta de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), emitió un comunicado oficial en el que fija "su postura clara, enérgica y denuncian ante la comunidad nacional e internacional las estrategias gubernamentales para impedir el libre acceso a las fuentes de información".
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(…) Resulta inconcebible que una embajadora de un país miembro ante las Naciones Unidas venga a Guatemala a parcializar su visita y a coartar un derecho inalienable de todo ser humano de tener acceso a la información y conocer lo que sucede en su entorno", dice parte del comunicado.
Lo anterior en torno a la reciente visita de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, quien se reunió con el presidente Morales, así como con el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana.
El resto de la misiva dice lo siguiente, literalmente:
Y este derecho como el de la libre expresión del pensamiento están protegidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948, las leyes de todos los Estados democráticos y el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y, por lo tanto, esto incluye el de investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación.
El trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Comisionado Iván Velásquez, el Ministerio Público han venido trabajando contra la corrupción y por lo tanto necesitan todo el apoyo de los guatemaltecos para que se sigan desvelando los negocios sin transparencia en lo que estuvieron imbuidos exfuncionarios y particulares en contra de los intereses de la gran mayoría de connacionales.
Ese trabajo investigativo debe ser conocido con amplitud y la manera directa son las conferencias de prensa cuando se producen capturas de los acusados y el correspondiente seguimiento en los tribunales de justicia. Esto se llama tener acceso a la información que ahora tratan de vedar con subterfugios en el marco de un amplio espectro de impunidad.
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El estado debe garantizar la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, los derechos de los habitantes y no debe apañar a los que han cometido delito y luchar contra la corrupción que ha vedado el derecho a la vida, la seguridad y a la salud y educación.
Por todo lo expuesto, exige que no se limite la acción de la Cicig, al Comisionado Iván Velásquez, al Ministerio Público, que la libertad de prensa, libertad de expresión no se coarten ni se le amenace con imponer medidas que solo fueron aplicadas y sufridas en los tiempos del horror de las dictaduras militares; que cese la persecución y se garanticen las libertades y derechos del pueblo de Guatemala a tener una primavera democrática lejos de la corrupción, del caudillismo y el desgobierno.
La Asociación de Periodistas de Guatemala por lo tanto, pide una explicación a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que aclare en toda su dimensión lo dicho por la embajadora Nikki Haley sobre que no debe darse información de las detenciones de casos de alto impacto y de corrupción y el resultado de las investigaciones de la Cicig y Ministerio Público. En caso contrario el responsable de esa desinformación será el gobierno que persigue al periodismo guatemalteco desde el inicio de su gestión.
Finalmente, el comunicado de APG se despide con la leyenda: "Tenemos derecho de acceso a las fuentes de información y a no ser molestados, perseguidos, ni amenazados por la emisión del pensamiento".
