Un video de la Policía Nacional Civil (PNC) que circuló ayer en redes sociales generó diferentes reacciones, ya que se cuestionó la veracidad del contenido de las imágenes que mostraban el momento de la captura de un presunto pandillero durante un operativo contra extorsiones.
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Este tema fue analizado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); y Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública. Mientras que por la vía telefónica se conversó con el director de la PNC, Nery Ramos.
El jefe policial indicó que el caso ya está bajo investigación de parte de la Inspectoría General para deducir responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan, según el reglamento disciplinario de la entidad.
Ramos dijo que, según el análisis del video, los indicios preliminares muestran que se trató de una escena “organizada y montada”, aunque la aprehensión si era real y legítima.
El funcionario lamentó ese “video de mal gusto” que se hizo circular. “No vamos a permitir que un equipo de Comunicación venga a demeritar ese trabajo serio y profesional que se realiza en beneficio de los guatemaltecos", señaló.
Godoy coincidió en que es importante separar el video y el trabajo que ha realizado la PNC en los operativos que han tenido éxito.
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En tanto, Menchú opinó que se observa claramente que es un montaje y ve innecesario que se difunda este tipo de material, tomando en cuenta el trabajo que las fuerzas de seguridad han hecho.
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Por aparte, Ramos explicó que si bien la institución graba algunas imágenes durante el desarrollo de los operativos, esto no se hace para difundirlas, sino para alguno de estos dos fines:
- Mostrar la legalidad de la actuación de la policía.
- Con fines didácticos, pues cada año se gradúan al menos 3 mil elementos nuevos de policía y es necesario mostrarles los errores y procedimientos correctos a aplicar.
Sanciones
Al ser consultado acerca de qué sanciones se aplicarán a quienes resulten vinculados en este hecho, Ramos indicó que podría significar desde la destitución, suspensión de labores sin goce de salario y amonestaciones de carácter leve, grave y muy grave.
“Es un reglamento bastante estricto que recoge normativa de carácter penal y ética”, mencionó sobre los temas disciplinarios internos de la PNC y dijo que las decisiones se tomarán cuando se tengan los resultados finales de la investigación.
“Estos infortunios no nos detienen, seguimos firmes en la lucha, estamos a la orden y rindiendo cuentas a los guatemaltecos”, dijo Ramos.
En ese sentido, Godoy consideró que es necesario que a partir de la investigación administrativa se deduzca si existe alguna responsabilidad penal, tomando en cuenta que el video se hizo con una persona que en realidad fue capturada.
Y añadió que sería bueno aclarar qué es lo que pasa con el video, por qué y para qué se hizo. “El director dijo ayer que no se habían dado órdenes de hacer una filmación así, por lo cual se debe aclarar la causa y además por qué se hizo circular en redes sociales”, manifestó.
La entrevistada detalló que no está mal hacer un video y hacer una recreación de una captura, pero aclarándolo. “Un operativo es una situación riesgosa que no se puede controlar totalmente. La PNC entra y cualquier cosa puede pasar adentro cuando van a capturar a una persona, entonces filmar es complicado, porque la situación puede salir de control”, aseguró.
Acerca de ello, Menchú opinó que esta situación se debe analizar a nivel de qué está pasando en el sistema de seguridad y justicia en el país.
Y consideró que lo hecho por la PNC “es válido, pero estuvo mal hecho”, porque no se aclaró que era una recreación.
“Las autoridades deben aclarar este tema y asumir las responsabilidades. Todos cometemos errores y sería una medida de madurez aceptar lo ocurrido”, expresó.
Según el investigador, poner a actuar a la persona detenida se presta a muchas cosas, porque eso hace pensar que después podrían influenciar en que los sindicados tengan ciertos comportamientos que no les competen.
