Caso Odebrecht: Colaborador eficaz afirma que Baldizón le pidió transferir dinero a Panamá

Según investigaciones del MP y la CICIG, las negociaciones con la constructora brasileña incluían la entrega de 3 millones de dólares a Baldizón como parte de los sobornos.

Por Nancy Alvarez

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Ericka Aifán, retomó este viernes la audiencia de primera declaración del caso Odebrecht, en la cual el Ministerio Público (MP) se encuentra realizando la imputación de hechos a los sindicados.

Los fiscales detallaron hoy los señalamientos contra Juan Arturo Jegerlehner Morales, Juan Ignacio Florido, Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita.

Asimismo, la Fiscalía inició con la reproducción de los audios de las declaraciones de los colaboradores eficaces en el caso.

En una de las grabaciones, correspondiente a lo expresado por un representante de Odebrecht en Guatemala, él relató que en junio de 2014 el excandidato presidencial Manuel Baldizón le llamó para solicitarle que transfiriera 100 mil dólares a una cuenta en Panamá y 114 mil dólares a un banco en China.

De igual forma, el colaborador dio detalles de la reunión en donde el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, habría girado instrucciones para que se le entregaran 3 millones de dólares a Baldizón.

Esta persona declaró que desde el 2012 intentó obtener reuniones con el exfuncionario y que, tras alcanzarse los acuerdos, se determinó que todo el dinero producto de los actos ilícitos sería destinado a Sinibaldi.

En la diligencia, la jueza declaró en rebeldía a Sinibaldi y Carlos Batres Gil y ordenó la reiteración de la orden de aprehensión.

Señalamientos

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinaron la existencia de una estructura criminal que habría recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Supuestamente las negociaciones estaban a cargo de Sinibaldi y los cobros se canalizaban por medio de la cartera que dirigía. El monto negociado sería de 17.9 millones de dólares.

La Fiscalía explicó que esta organización defraudó al Estado de Guatemala luego de la firma de contratos para que la constructora obtuviera concesiones para desarrollar un proyecto de ampliación en la carretera CA-2 Occidente.

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