La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó este viernes un amparo provisional a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenó la Sala Cuarta de Apelaciones definir si los nueve sindicados en el caso “Bufete de la Impunidad” deben enfrentar debate.
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En noviembre, la referida Sala dejó sin efecto la resolución del Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto, por medio de la cual sobreseyó y clausuró provisionalmente el proceso en contra de los señalados y ordenó al togado emitir un nuevo fallo.
Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), explicó que en esa apelación anterior la Sala solo establecía que Moto debía analizar nuevamente la resolución; sin embargo, con el amparo otorgado hoy, se ordena que sea la Sala la que analice y determine si se abre o no un juicio contra los procesados.
“El motivo por el cual se amparó a la CICIG es porque la sala dejó al arbitrio del juzgador la resolución, cuando por certeza jurídica y conforme lo dispone el Código Procesal Penal, debe de ordenarle qué debe resolver y él únicamente ejecutarlo”, señaló.
El caso
Marta Sierra de Stalling, su hijo Roberto Stalling y siete personas más son señaladas de estar vinculadas con el pago de sobornos a cambio de que se beneficiara a sindicados en el caso La Línea con medidas sustitutivas.
Stalling es procesada por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, ya que de acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habría llegado a “acuerdos ilegales” con seis señalados en el caso de defraudación aduanera.
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“Los habría beneficiado con fianzas para salir en libertad”, señala la acusación. La Fiscalía cuenta con interceptaciones telefónicas en donde se refleja la posible comisión de los delitos.
