La situación actual del Sistema Penitenciario (SP) fue el tema analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron Ilse Álvarez, criminóloga y exviceministra de Gobernación; y Carlos Menocal, extitular de esa cartera.
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Ambos coincidieron en que uno de los elementos primordiales para contrarrestar los hechos delictivos provenientes desde los centros carcelarios, es el bloqueo de la señal telefónica, para lo cual señalaron que existe una responsabilidad de parte de las empresas de telefonía.
La criminóloga resaltó que si bien las radiofrecuencias son propiedad del Estado, esta las da en concesión a empresas privadas, y esto conlleva también el traslado de la responsabilidad del uso de las mismas a las compañías.
A su criterio, si las telefónicas no se quieren “poner la camiseta de la responsabilidad”, lo mejor sería que el Estado retomara el poder de esas frecuencias, se encargara de brindar el servicio, de cobrar por él y de instalar los bloqueadores para que no exista señal de telefonía en las prisiones.
En ese sentido, el exministro de Gobernación manifestó que existe una responsabilidad compartida entre esas empresas, el Ejecutivo, que debería llevar a cabo las negociaciones necesarias para garantizar el bloqueo; y el Congreso, que en la ley de celulares no dejó claro el tema del "flasheo" de móviles.
Esto último, según dijo, permite que los teléfonos que son robados y las empresas no dan de baja, puedan ser “flasheados” y utilizados de nuevo.
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Otros factores que inciden
Sin embargo, no solo la falta de bloqueo de señal genera que surjan hechos delictivos desde las cárceles, pues elementos como la corrupción y las condiciones en las cuales laboran los guardias penitenciarios también son factores que inciden en este tema.
Los entrevistados resaltaron que el personal penitenciario no recibe salarios adecuados, lo cual deja abierta la puerta a que de cierta forma algunos trabajadores busquen “nivelar” sus ingresos recibiendo coimas.
En cuanto a la introducción de objetos prohibidos a los centros de privación de libertad, Menocal aseguró que “es evidente que hay pago de sobornos, de lo contrario no ocurriría esa situación”.
A su criterio, las autoridades pueden tener alta tecnología, pero si el recurso humano falla eso seguirá ocurriendo.
Otro aspecto que resaltó el exfuncionario es el riesgo al que está sometido el personal penitenciario, pues los grupos criminales, especialmente los pandilleros, hacen inteligencia en las calles, lo cual les permite identificar a familiares de los guardias y dónde viven.
“El guardia puede estar armado dentro de la prisión, pero cuando sale, camina hacia el bus y va en transporte público queda desprotegido. Al ser un ciudadano más es muy perseguible”, expresó.
De igual forma, manifestó que las cárceles fueron construidas hace más de 30 años y esa infraestructura “ya no da más”.
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Irregularidades en las prisiones
En cuanto a las otras irregularidades que se dan en los centros de privación de libertad, los expertos indicaron que existen extorsiones entre los mismos reclusos, pues unos pagan a otros para que no los dañen o para que les brinden protección.
Esto se da mayormente cuando se trata de presos de alto nivel económico, a quienes los pandilleros acechan constantemente y les hacen cobros ilegales.
Por aparte, se mantiene el ingreso prohibido de objetos ilícitos, incluso granadas, que son de uso exclusivo militar, se han encontrado en esos lugares, resaltó Álvarez.
En muchos de esos casos son mujeres las que ingresan los artículos como celulares, armas de fuego, droga y otros. Las granadas las intentan ingresar hasta en sus partes genitales, dijo la experta, y resaltó el riesgo que representa esto para esas personas.
“Las armas y teléfonos ingresan por las puertas principales, cualquier cosa desde lo pequeño hasta lo grande, todo en el Sistema Penitenciario tiene precio, por mucho control que se pueda tener”, expresó Menocal.
Esos artículos prohibidos son ocultados por los reclusos en caletas que habilitan en el suelo y en las paredes para evitar que las autoridades los detecten durante las requisas.
“Hasta levantan sanitarios y debajo colocan armas de fuego”, refirió el exministro. De igual forma, recordó que durante su administración incluso se encontraban teléfonos satelitales.
Recientemente las autoridades del SP desarrollaron una requisa en el preventivo de la zona 18 y decomisaron siete armas de fuego, lo cual a criterio de Menocal, evidencia que había los reos se estaban preparando “para algo fuerte” como un amotinamiento, cuyo móvil podría ser solicitar el retorno de líderes pandilleros que fueron trasladados a El Infiernito, en Escuintla.
¿Qué hacer?
A criterio de Menocal y Álvarez, hace falta invertir mayores recursos en el Sistema Penitenciario.
El exministro resaltó que en el Congreso está pendiente desde hace más de un año la discusión, y eventual aprobación, de un préstamo destinado a mejorar la infraestructura penitenciaria.
En cuanto al Ministerio de Gobernación, el entrevistado opinó que debe enfocarse en alcanzar consensos y establecer una agenda con las empresas de telefonía por el tema de la señal. Mientras no se logre avances en este tema, se debe continuar con las requisas, añadió.
“Yo le endoso la responsabilidad hasta al presidente, mientras él anda inaugurando tramos de 20 metros de carretera, debería estar sentado con su Consejo Nacional de Seguridad y hablar del tema carcelario y las extorsiones, concentrarse en el combate del crimen”, dijo Menocal.
Álvarez opinó que el SP está muy debilitado, incluso no cuenta con una base de datos de los privados de libertad, que incluya foto, huella, nombre, alias, qué procesos tiene, qué nivel de clasificación merece un privado de libertad.
De acuerdo con la exviceministra, las telefónicas deben involucrarse más en esta materia, pues cuentan con los recursos para detectar desde dónde se está haciendo una llamada y establecer si es desde prisión, además, tienen que bloquear la señal telefónica.
La Ley de Celulares, que cuenta con drásticas sanciones, se debe aplicar de mejor manera. Las compañías deben dar de baja las líneas robadas, no se debe permitir la venta de recargas telefónicas en las esquinas, “sin facturas y sin saber quién las paga”, expresó la entrevistada.
