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Fiscalía detalla supuestos nexos entre el alcalde Álvaro Arzú y el excapitán Byron Lima

Este jueves continúa la audiencia de primera declaración del caso “Caja de Pandora”.

Este jueves se desarrolla la continuación de la indagatoria a los 15 sindicados en el caso denominado “Caja de Pandora”, que involucra el supuesto uso de fondos de la Municipalidad de Guatemala para financiar la campaña electoral de varios partidos en 2015.

El Ministerio Público (MP) expuso hoy en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán, los señalamientos contra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el hermano del fallecido capitán Byron Lima, Luis Lima; y otras personas que podrían estar relacionadas con los hechos ilícitos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), describió los supuestos nexos que habrían existido entre el alcalde capitalino Álvaro Arzú y Lima.

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Según indicó, por medio de acciones realizadas por la estructura delictiva a cargo del exmilitar y empleados municipales se sustrajeron fondos de un fideicomiso de la comuna, los cuales se habrían utilizado para pagar la campaña de reelección del jefe edil en 2015.

De acuerdo con el fiscal, reportes de un banco del sistema confirman el pago por un evento en 2014 con los fondos ediles para el partido Unionista, con el cual se postuló Arzú.

De igual forma, en la audiencia se detalló que los recursos públicos se usaron para gastos de las agrupaciones Todos, Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Gran Alianza Nacional (Gana) y Victoria, que apoyaron al edil.

“La mera mera”

Investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) detallan que la empleada de la comuna capitalina, Zoraida Herincx, “fue el enlace” entre el alcalde y Lima.

En tanto, Sandoval señaló a Luisa Salas, síndico edil, de haber “participado en un mecanismo de engaño”.

El fiscal manifestó que a lo interno de la supuesta estructura, Salas era conocida como “la mera mera”.

Líneas telefónicas intervenidas

Por aparte, la Fiscalía dio a conocer que cuatro celulares del difunto reo Byron Lima y otro de su hermano Luis “estaban intervenidos” desde 2014.

Mientras tanto, los defensores se quejaron por la cadena de custodia y las autorizaciones de las intervenciones telefónicas a los sindicados.

Presente en la audiencia

Luis Ramírez, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), acudió a la audiencia de este caso, y al ser cuestionado por periodistas acerca del motivo de su presencia aseguró: “Vine en apoyo a los dos colegas”.

Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell, ambos profesionales del derecho, están entre los sindicados en el caso.

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