Fondos municipales se habrían utilizado para financiar campaña de Arzú

Byron Lima y el alcalde capitalino habrían creado una estrategia para sustraer los fondos de la comuna capitalina y destinarlos a la propaganda.

Por Joel Maldonado

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron hoy que fondos de la Municipalidad de Guatemala podrían haber sido utilizados para pagar la propaganda política del partido Unionista en el proceso electoral de 2015.

En ese año, el alcalde Álvaro Arzú se postuló para buscar su reelección en el cargo.

El titular de la CICIG, Iván Velásquez, informó que por medio de pesquisas se identificó la existencia de una relación entre el jefe edil y el fallecido capitán Byron Lima, misma que habría servido para sustraer los recursos económicos de la comuna y destinarlos a la propaganda.

En este caso, denominado "La caja de Pandora", cuenta con la colaboración de Alejandra Reyes, expareja de Lima, según lo dio a conocer la fiscal general Thelma Aldana.

Hoy fueron detenidas 11 personas, entre ellas, Luis Alberto Lima, hermano del excapitán, y el abogado Moisés Galindo, exdefensor de Byron Lima. Asimismo, el MP y la CICIG presentarán una solicitud de antejuicio contra el jefe edil capitalino.

Modo de operar

Uno de los principales contratistas de la Cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima, era la Municipalidad de Guatemala. El negocio funcionaba en el centro carcelario Pavón en donde el exmilitar guardaba prisión.

Aunque parecían lícitos los negocios, solo se habría tratado de una forma de intentar ocultar el manejo de los fondos que tenían como destino financiar la campaña política.

Velásquez dijo que contratar una entidad de ese tipo no constituye delito; sin embargo, aclaró que “lo que sí constituye (un ilícito) es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del partido Unionista y de algunos partidos que en alianza con este participaron en elecciones de 2015”.

Una de las líneas de trabajo de la cooperativa era la confección de uniformes, playeras e impresión de pelotas, entre otros artículos, con los logotipos de las organizaciones políticas.

Byron Lima y Alejandra Reyes, esposa del excapitán, "vendieron artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos para la campaña de 2015, y eso se pudo corroborar con interceptaciones telefónicas", explicó Velásquez.

Pagos por medio de fideicomiso

Las pesquisas detallan que entre 2013 y 2015, Lima y personas cercanas a él suministraron bienes y servicios al partido Unionista y a la alianza que este formó con otras agrupaciones.

"Estos bienes eran pagados con dinero de la Municipalidad de Guatemala a través de uno de los fideicomisos", detalló el comisionado.

“El pago se hacía con cargo al Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, es decir, con recursos públicos”, añadió.

Zorayda Herincx habría sido la encargada de solicitarle a Lima la elaboración de promocionales, y dichos productos supuestamente eran entregados a través de Reyes y el hermano de Byron, Luis Alberto Lima, quien fue capturado hoy.

Luego, Alejandra Reyes buscaba que personas “conocidas” le suministrara facturas “en blanco” y se las entregaba a Herincx para que  fueran llenadas e ingresadas a la comuna. En estas se indicaban conceptos distintos a la adquisición de los productos y se hacía parecer que eran servicios que se le habían prestado a la municipalidad.

Mientras tanto, Luisa María Salas, exdirectora del fideicomiso y actual Síndico I en la comuna, presuntamente servía de enlace con el Alcalde.

Plazas Fantasma

Las autoridades revelaron además la existencia de supuestas "plazas fantasma" en la sede edil. Dos de estas, adscritas a la Empresa Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), se le abrían adjudicado a Reyes y a su madre, Elizabeth Ochoa Barrios, desde 2007. Estas fueron canceladas años después.

Origen de la investigación

En septiembre de 2014 salió a la luz la existencia de una estructura dirigida por Byron Lima, en la que participaban altos cargos de la Dirección General del Sistema Penitenciario y personas particulares, quienes recibían beneficios económicos por medio de cobros por autorizaciones para el traslado reos. Por este caso se llevaron a cabo varias capturas y procesos judiciales.

El MP y la CICIG establecieron la relación entre el Partido Patriota (PP) y Lima, misma que permitió que en 2012, cuando Mauricio López Bonilla asumió como ministro de Gobernación, al excapitán se le "abrieran las puertas" para ejercer poder dentro de la entidad penitenciaria, según indicó Aldana.

Los privados de libertad habrían realizado pagos a esa organización delictiva, por medio de vehículos de lujo para ser trasladados a otros centros carcelarios.

Dos de esos automóviles supuestamente fueron entregados por Lima a los abogados Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell, quienes hacían uso de ellos.

Mientras se desarrollaban estas investigaciones, las autoridades localizaron evidencias del caso revelado hoy.

 

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