“Si no es atendido” el requerimiento del gobierno español, “hará que el señor Carles Puigdemont provoque la aplicación del Articulo 155” de la Constitución, dijo la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ante el Congreso.
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El artículo en cuestión contempla la suspensión de la autonomía de Cataluña, si su gobierno no respeta la ley.
La amenaza se produce en un clima más tenso aún, por el encarcelamiento de dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que pasaron su segunda noche en la cárcel, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.
A las 10:00 (hora local) del jueves vence el plazo para que Puigdemont aclare al gobierno español si declaró o no la independencia de la región ante el Parlamento catalán.
En el primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.
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“Lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio”, le instó previamente el presidente Mariano Rajoy.
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En todo caso, la activación del Artículo 155 requerirá también la aprobación del Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta. Dicho trámite podría tardar varios días.
Las medidas, una incógnita
Ni Sáenz de Santamaría ni Rajoy aclararon qué medidas significará el uso del Artículo 155, mismo que nunca hubo que emplear a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo. Sin embargo, incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.
En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.
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El dichoso artículo no especifica cuáles son esas “medidas necesarias”, de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación. Los juristas explican, no obstante, que estas permitirían tomar el control de los órganos políticos y administrativos de Cataluña; la suspensión temporal de la autonomía de la región y, posiblemente, la sustitución de funcionarios y cargos electos.
