La confirmación de los ministros de Finanzas, Trabajo y Gobernación en sus cargos; y el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú fueron los temas analizados hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados en cabina participaron Manuel Villacorta, doctor en sociología política; y Gonzalo Marroquín, periodista y director de la revista Crónica.
Villacorta detalló que hay tres categorías de ministros de Gobierno y las definió de la siguiente manera:
- El político: que forma parte del cuadro de un partido y por su especialidad en un campo determinado y su experiencia, cuando esa organización política gana las elecciones, es nombrado en el cargo.
- Institucional o corporativo: que llega a ocupar el puesto en cierta cartera en función a negociaciones que tenga el presidente de la República con distintos sectores.
- Técnico o profesional: no está vinculado con ningún partido y tampoco representa a una institución determinada, pero por “su alta capacidad profesional puede y debe ejercer el cargo”.
Villacorta añadió que a su criterio, los titulares de las carteras de Finanzas, Julio Héctor Estrada; Trabajo, Leticia Teleguario; y Gobernación, Francisco Rivas, pertenecen a la categoría de “institucionales o corporativos”, ya que están vinculados a instituciones en las cuales laboraron con anterioridad.
Añadió que respondiendo a la vinculación que tienen decidieron “desmarcarse del Gobierno”, y su confirmación en el cargo muestra que “ya hubo negociación entre los sectores y el gobierno para que se les permita operar en sus ministerios”.
A criterio de Marroquín, apostar por una estabilidad en términos generales es positivo, pero el problema es pretender que hay estabilidad sin resolver los problemas.
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“Si esa es es la razón (de confirmar en el cargo a los funcionarios) en poco tiempo veremos que la crisis no se ha superado” y esa aparente calma podría pretender que la población se olvide de que el sistema político en Guatemala fracasó, señaló el periodista.
Lucha contra la corrupción
Con relación al combate a la corrupción, Villacorta señaló: “Se ha logrado al llevar al banquillo a personas vinculadas con la corrupción, eso era impensable en Guatemala. Hemos avanzado y no hay que demeritar esa lucha”.
Añadió que el ultimo año de este gobierno “será político” y destacó que la respuesta al “olvido gubernativo” que se ha tenido en cuanto a temas como salud, educación, nutrición, entre otros, “se verá en una manifestación social a corto plazo”.
Además, resaltó que tomando en en la actualidad todas las fuerzas que buscan una nueva patria deben unirse. “Vemos una lucha entre un viejo régimen que se niega a morir y un nuevo régimen que intenta nacer. Esperemos que la lucha contra la corrupción se mantenga”, indicó.
Con relación al tema, Marroquín detalló que la causa de los males en el país no es la corrupción, sino que esta es una de las consecuencias. “La causa es el sistema de partidos políticos”, manifestó.
Asimismo, dijo que lo ideal es buscar una solución al “gran fracaso” del sistema de partidos políticos.
Por aparte, Villacorta resaltó que en el país no hay polarización, pues el 99% de los guatemaltecos trabajadores y honestos buscan que se combata la corrupción.
“No hay polarización, el pueblo de Guatemala está unido contra la corrupción”, aseguró.
Declaraciones de Baldetti y Arzú
Con relación a lo dicho por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti ayer en la audiencia del caso La Línea, acerca de que en 2015 hubo un golpe de Estado; y lo mencionado por el alcalde capitalino Álvaro Arzú sobre que evitó un “nuevo” golpe de Estado en el país, Villacorta señaló que en el país no se han dado golpes de Estado.
Detalló que es la desesperación la que lleva a las personas a expresarse de esa forma.
Además, Baldetti se refirió a que ese golpe que supuestamente se dio en abril de 2015 y que aseguró fue generado por la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Veláquez, fue “blando”.
La exfuncionaria explicó que esa acción consiste en que sin utilizar “tanquetas y soldados”, las personas que quieren tomar el poder obligan a los funcionarios electos democráticamente a renunciar.
El vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, también fue consultado hoy en A Primera Hora, y tocó el mismo tema del “golpe de Estado blando”.
Señaló que “nadie ha dicho” que Arzú o esa comuna estén contra la lucha contra la corrupción. “Nosotros estamos a favor de esa lucha contra la corrupción, pero no es posible que después de defender al presidente electo constitucionalmente se hagan señalamientos sin fundamentos”.
Añadió que el jefe edil “salió a la defensa del presidente (Jimmy Morales) y evitó que se le diera un golpe de Estado blando”.
Además, Baldetti dijo que la CICIG empezó a tocar estructuras que no se van a dejar y saldrán a las calles a defenderse. Con relación a esta declaración, Marroquín dijo que hay una estrategia de reacomodo de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción.
De igual forma, se refirió al riesgo de que el presidente designe a una persona para suceder a Thelma Aldana en el que no esté dispuesta a colaborar con la CICIG y recordó que el nuevo fiscal deberá asumir en mayo de 2018. “El trabajo de CICIG sin colaboración del MP es nulo”, aseguró.
Fideicomisos
Por aparte, Marroquín se refirió al caso “Caja de Pandora”, que involucra a Arzú y calificó este como “paradigmático en el tema de corrupción en Guatemala”.
El periodista detalló que en la administración de Arzú como presidente se empezaron a usar los fideicomisos y onegés.
“Cuando era presidente se dan privatizaciones y concesiones, todas con grandes ventajas para los compradores”, dijo y añadió que el caso de Telgua es un ejemplo de un proceso “totalmente opaco”.
Sandoval mencionó que Arzú llegó a la comuna con cuatro fideicomisos “ya heredados”, logró finiquitar uno de estos y se quedó con tres que son fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, los bancos ejecutores, la municipalidad y la Contraloría General de Cuentas.
Además, rechazó los señalamientos hechos por la Fiscalía contra el jefe edil y aseguró que “la palabra del Ministerio Público no es la palabra final”.
