El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se refirió hoy a la investigación realizada en el caso denominado “Caja de Pandora”, la cual refleja la supuesta existencia de una relación “de negocios ilícitos” entre el alcalde capitalino Álvaro Arzú; y el fallecido capitán Byron Lima.
PUBLICIDAD
Por este caso, el Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron ayer una solicitud de antejuicio contra el jefe edil.
Según Sandoval, la Fiscalía cuenta con "prueba objetiva" obtenida de documentación, dispositivos de comunicación, información pública, testimonios y la colaboración de Alejandra Reyes Ochoa, expareja de Lima, para respaldar el caso.
Añadió que también se tienen 11 audios de interceptaciones telefónicas, en donde consta que funcionarios municipales requieren artículos promocionales con propaganda para determinados partidos políticos. Y dijo que ayer, durante allanamientos realizados en la sede de la comuna, se localizaron documentos de facturación y notas de envío relacionadas con estos hechos.
Señaló que si bien era lícito que la Cooperativa Torre Fuerte, propiedad de Lima, tuviera diversidad de clientes, incluso municipalidades, la situación es que esos objetos “se pagaban con recursos públicos”.
PUBLICIDAD
Facturas en blanco
En tanto, explicó que Reyes habló acerca de que la municipalidad emitía cheques de uno de los fideicomisos para cancelar los pedidos que se realizaban de artículos con logotipos de distintos partidos, entre estos, Unionista, Todos, Victoria, Gran Alianza Nacional (Gana) y Compromiso Renovación y Orden (Creo), que formaron en algún momento una alianza política.
Asimismo, mencionó que en el celular de Reyes se encontraron fotografías de las facturas en blanco que eran trasladadas por parte de la estructura de Lima a los funcionarios municipales para ser llenadas y que sirvieran de respaldo para sacar los fondos.
Las facturas eran otorgadas por terceras personas, quienes recibían los cheques de pago y entregaban el dinero para las compras de los promocionales, no sin antes hacer lo que denominaban “el descontón”, que era restarle el porcentaje que correspondía al Impuesto al Valor Agregado (IVA), indicó Sandoval.
Eso implica que “con recursos públicos se estaba pagando una campaña política”, resaltó.
Plazas “fantasma”
El entrevistado indicó que durante la diligencia también se encontraron los contratos por medio de los cuales se otorgaron las presuntas plazas “fantasma” a Reyes y a su mamá.
La colaboradora aseguró a los fiscales que ambas suscribieron contratos y la única actividad que hacían era recoger mensualmente un cheque por “servicios que nunca brindaron”, dijo Sandoval.
Se determinó que no existe información de que hayan presentado informes, marcado asistencia, tuvieran un jefe que controlara su trabajo, es decir que “de ninguna manera se puede justificar alguna labor que hayan realizado”, aseguró.
Mencionó que “tiene valor” que Arzú haya asegurado ayer ante los medios de comunicación que consiguió plazas para Reyes, su mamá, y la viuda de Obdulio Villanueva, sin tomar en cuenta que tuvieran la capacidad e idoneidad para prestar los servicios públicos, sino que fue “para ayudarlas”.
Por aparte, recordó que Reyes se acercó al MP en octubre de 2016 con la intención de colaborar.
Y al ser consultado acerca de si se hubiera podido tener un caso con sustento sin que Reyes hubiera colaborado, el fiscal respondió que sí porque cuentan con evidencia física, aunque reconoció que podría haber tomado más tiempo. “Quizá no se hubiera logrado tener los detalles con los que ella logra articular la información”, puntualizó.
Finalmente, mencionó que si tras analizar la información recopilada durante el allanamiento se observa la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación, ello se hará.
