La “primera gran conclusión” a la que ha llegado la Contraloría General de Cuentas (CGC) es que “un subalterno no le puede autorizar beneficios a su jefe”, señaló este miércoles el titular de esa institución, Carlos Mencos.
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Las declaraciones del funcionario se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual se analizó el tema del bono de Q50 mil que le paga el Ministerio de la Defensa Nacional al presidente Jimmy Morales por medio de cheques.
Otro aspecto que resaltó el contralor, es que el responsable directo de los hechos sería el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, en virtud que fue él quien suscribió el acuerdo que permite el pago del bono. “Lo que veo rápidamente es que el ministro se extralimitó”, indicó.
“No es un acuerdo ministerial como estamos acostumbrados a ver, sino un acuerdo administrativo interno”, detalló con relación a lo aprobado por Mansilla.
Asimismo, señaló que los auditores designados para verificar el tema ya solicitaron información en la Dirección General de Finanzas del Ejército. Y que personal de la Contraloría lleva a cabo reuniones para establecer la ruta a tomar y darle a conocer a la población las acciones que se aplicarán, lo cual podría definirse hoy mismo.
Por aparte, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, opinó que la Contraloría “tiene una responsabilidad muy grande”. Y dijo que si no se detectó ese pago preventivamente, por lo menos espera que el informe de auditoría que se está haciendo ahora sea categórico en cuanto a señalar vicios.
Y la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, manifestó que “la máxima autoridad para auditar la ejecución presupuestaria es el Contralor General de Cuentas y pareciera que no ha puesto atención”.
Sin fundamento legal
El presidente de Acción Ciudadana calificó como “ilegal, ilegítimo, impropio y descabellado” el pago del bono a Jimmy Morales y dijo que no es legal desde ningún punto de vista.
Y opinó que pareciera que el presidente no percibe que “la población está harta de este tipo de abusos”. “Conmociona que todavía se tengan gobernantes indolentes. Estoy realmente sorprendido de esta revelación”, indicó.
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Asimismo, recordó que al inicio de su Gobierno, Morales dijo que donaría parte de su salario a proyectos en beneficio de la población, por lo cual calificó su actuación actual como un discurso “doble o triple”, pues estaría donando pero al mismo tiempo recibiendo fondos de otras fuentes.
“Cómo es posible que el presidente acepte un bono de esa naturaleza, sabiendo la situación que tiene el país”, mencionó Marroquín.
Mientras que la diputada consideró que es algo “fuera de lugar, sorpresivo, que no tiene nombre y es ilegal”.
Renglón destinado a personal permanente
Mencos explicó que el renglón presupuestario 015 va orientado a personal de carácter permanente de la institución.
El presupuesto para pagarle a Morales y altos funcionarios del Ejército el bono “por responsabilidad” ha salido del referido renglón; sin embargo, el contralor aclaró que en cuanto al tema jerárquico, Morales forma parte de la Presidencia y no del Ministerio de la Defensa.
En tanto, Marroquín indicó que el objetivo de este renglón es que los fondos se apliquen para que a los empleados 011 que no tienen un salario base de acuerdo al mínimo, se les haga una nivelación.
“Un bono se le da a un asalariado de la institución donde trabajas, pero el presidente no está en la nómina del Ejército. Es un beneficio que no corresponde al presidente de la República”, añadió Marroquín.
Y, Nineth Montenegro coincidió con esto, ya que la Constitución dice que el cargo de comandante general del Ejército es inherente al Presidente, y por lo tanto, no es empleado de la cartera de la Defensa.
“El renglón 015 es para los trabajadores 011, que es el personal presupuestado. Se destina a quienes tienen salarios bajos y necesitan un bono extra”, afirmó Montenegro.
La parlamentaria añadió que hay otras irregularidades, pues el desembolso de los fondos en concepto del bono no aparecen registrados en el sistema Guatenóminas y tampoco el acuerdo que respaldaría el pago fue publicado en el Diario Oficial.
“Se hizo en nocturnidad, a escondidas y a hurtadillas para que nadie lo viera, es totalmente inconstitucional”, dijo.
Y afirmó que además, un bono que surge del renglón 015 se debería acreditar junto con el salario y no aparte por medio de un cheque.
De igual forma, a su criterio, existiría violación de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado porque en su artículo 17 esta señala que cualquier bono, venga de pactos colectivos o no, tendría que ser publicitado y conocido, aseguró Montenegro.
Por aparte, en la conferencia de prensa ofrecida ayer por el ministro de la Defensa, este aseguró que el bono que él recibe es de Q45 mil. Y luego de ello, se ha informado que esa cifra podría incluso ser mayor que la de su sueldo ordinario.
“De acuerdo a la lógica financiera no le encuentro sentido, en todo caso un bono equivalente al salario o para abajo”, opinó Mencos acerca de esa posibilidad.
Error “que no volverá a suceder”
Acerca del motivo por el cual el acuerdo administrativo interno 10-2016, que aprobó el pago del bono, fue publicado hasta ayer en el sitio web de la cartera y no antes, el coronel Óscar Pérez, portavoz del Ejército, indicó que se trató de “un error administrativo que no va a volver a suceder”.
Añadió que hay "lecciones aprendidas" y que se estará actualizando la documentación en la página de internet, aunque reconoció que el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad.
Además, mencionó que “no se está ocultando nada”, pues a su criterio, el que se haya publicado y que esté bancarizado el pago del bono, es con la finalidad de que sea auditable y de dominio público.
En tanto, Marroquín consideró que “en este Gobierno hay una política de ocultamiento de la verdad en temas de trascendencia nacional”, lo cual calificó como “grave”.
Además, destacó que los voceros de algunas instituciones intenta “tapar el sol con un dedo” al dar declaraciones que no reflejan solidez ni conocimiento.
Asimismo, expuso que corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos accionar legalmente en el Ministerio Público por el ocultamiento de información pública de parte del Ejército.
¿Por qué un bono de este tipo?
El coronel Pérez explicó que un bono de esta clase se les da a los miembros del Ejército por las situaciones administrativas que afrontan al desempeñar cargos de responsabilidad administrativa.
Señaló que "la nueva" Ley de Compras y Contrataciones tiene "fuertes sanciones pecuniarias" en caso de procedimientos administrativos equivocados o que no estén en ley, lo cual genera sanciones.
“Lógicamente se le brinda al funcionario que desempeña estas atribuciones de la ley para que a la hora de que afronte multas pueda disponer de un fondo para responderle a las autoridades correspondientes, no necesariamente (se refiere) a riesgo de vida”, aclaró.
Asimismo, dijo que el pago de un bono se otorga “desde el comandante general del Ejército hasta el último soldado”. “El bono no está enfocado en un sector de miembros del ministerio, sino en todos”.
A criterio de Marroquín, el argumento que dio el Ministerio de la Defensa para intentar justificar el pago a Morales es “cínico, raya en lo insólito y no tiene justificación alguna”, pues se supone que un presidente sabe cuáles son sus funciones, entre las que figuran ser Comandante General del Ejército, así que cuestionó que alguien se postule al cargo si considera que es “peligroso”.
¿Qué corresponde ahora?
Mencos dijo que en principio se debe evaluar una acción para declarar lesivo para los intereses del Estado el acuerdo, luego definir si se aplican sanciones administrativas y si corresponde establecer una denuncia o formulación de cargos.
Y refirió que se analiza si caben delitos penales o administrativos en este caso.
Asimismo, al ser consultado acerca de si Morales y los otros funcionarios deberían devolver el dinero recibido, si se determina que el bono es ilegal, respondió que eso aún se está deliberando.
“En principio lo que estoy viendo es que se hará una liquidación provisional posiblemente y se le notificará a las personas responsables para que se dé el debido proceso de derecho de defensa”, añadió el contralor.
En tanto, Montenegro consideró que se debe iniciar un proceso administrativo de tipo judicial de cuentas, sin que ello implique que no pueda haber una denuncia de tipo penal porque “se está cometiendo actos fuera de lo legal y de lo ético”.
“Hay que ver en qué base legal esas personas se recetaron esos bonos extraordinarios aparte de su salario, y de haberlo hecho de forma ilegal, como en el caso del presidente, que no es parte del personal de la institución, seguir un proceso administrativo de tipo judicial y una denuncia”, expuso.
Además, la legisladora indicó que hay 96 instituciones del Estado que tienen este tipo de bonos, adicionales a los normados que son el Bono 14 y el Aguinaldo, y resaltó que hay que entrar a hacer una investigación profunda.
De igual forma, el Contralor General de Cuentas indicó que solicitará a todas las instituciones públicas del país información acerca de los instrumentos legales que tienen a través de los cuales se han autorizado bonos.
Y, a criterio de Marroquín, deberá establecerse qué irregularidades se cometieron y que habrá que esperar el informe que emitirá la Contraloría.
A su criterio, este es “un caso que apenas empieza”, en el cual podría existir la comisión de diferentes delitos, entre estos, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y sustracción de fondos públicos.
