¿Qué papel debe jugar el Congreso de la República con relación al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales; debe o no declarar procedente retirarle la inmunidad?, este fue el tema abordado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Ayer, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio promovido contra el mandatario por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por financiamiento electoral ilícito, debido a que Morales fue secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) durante la campaña de 2015, cuando se habrían dado las anomalías.
Como invitados en cabina participaron los exdiputados Álvaro González Ricci y Alfredo de León.
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Ambos coincidieron en que hasta ahora lo que hay contra Morales son solo señalamientos y no se ha comprobado su culpabilidad en la comisión de algún delito, por lo tanto se debe esperar el desarrollo del proceso del antejuicio.
Con relación a si los diputados avalarán o no retirarle la inmunidad a Morales, De León aseguró que ve esa posibilidad “cuesta arriba”; mientras que González señaló: “Yo quiero creer que contra pruebas irrefutables, el Congreso va a responder”.
De León resaltó que ve más del 50% de probabilidades de que ese antejuicio no prospere. Aunque también se refirió a que, a su criterio, la comisión pesquisidora del Congreso que conocerá el caso de Morales tampoco querrá señalar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la CICIG y al Ministerio Público (MP) de promover señalamientos espurios contra el presidente.
Así que el exdiputado, de igual forma, ve “cuesta arriba” que la pesquisidora diga en su informe que las pruebas del posible financiamiento ilícito no son verídicas.
Además, De León mencionó que “es importante tomar en cuenta el origen del antejuicio, pues tiene que ver con una investigación de una institución seria como lo es el TSE, y que tiene elementos de posible financiamiento electoral ilícito que se debe investigar”.
La función de la pesquisidora
Los exparlamentarios explicaron que la comisión pesquisidora podría ser integrada este martes durante la sesión programada para las 14:00 horas en el Organismo Legislativo.
Sus integrantes son electos por medio de una tómbola y son cinco. Los cargos que ocuparán son presidente, secretario y vocales.
Los entrevistados señalaron que esa comisión no tiene como función juzgar al funcionario que está en el proceso de antejuicio, sino solamente evaluar si las pruebas presentadas en su contra son veraces y existen indicios que deban ser investigados.
“La comisión debe tener presente que su investigación no tiende a determinar culpabilidad o inocencia, pues su propósito consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que por su naturaleza deben ser conocidos por un juez”, expuso De León.
Añadió que la pesquisidora además le corresponde determinar si la acción contra el funcionario ha sido promovida por causas espurias o políticas.
Mientras tanto, González Ricci mencionó que “no se ha demostrado nada contra el presidente, por lo cual aún es inocente”.
Y dijo que “la comisión pesquisidora deberá determinar si las pruebas que está enviando el MP tienen indicios de veracidad para que se haga un informe circunstancial, enviarlo a la CSJ y la Corte a un juez del ramo penal”.
¿Qué debería hacer Morales?
De León opinó que si él fuera el presidente, vería esta situación como una oportunidad pues así se investigarán los hechos y él podrá decir si tenía o no el control de las finanzas del partido y hablar de quiénes consiguieron el financiamiento.
“El presidente tiene la oportunidad de darnos una lección de moral”, resaltó.
Y González expresó que “ojalá el presidente tenga asesores buenos en este momento”, y que cuando la pesquisidora lo cite no envíe a un representante con un informe, sino que acuda él.
“Tiene que dar la cara, la gente lo que quiere es oírlo a él”. “Tiene gente que realmente quiere confiar en él, por ello debe llegar y explicar las situaciones. Él era el que firmaba las cuentas y es como un representante legal de una empresa”, indicó.
“Y si realmente las pruebas son totalmente claras, de que se recibió financiamiento electoral ilícito, se debe reflejar en el informe e ir al pleno”, añadió el exlegislador.
Acerca del país
“A Guatemala le urge un proyecto de unidad nacional, que permita la construcción de un país adecuado para todos”, opinó De León acerca de cómo debería actuarse ante la situación actual.
A criterio del exlegislador, es el momento de poder generar un verdadero diálogo que lleve a atender los grandes problemas nacionales.
Y ante la eventualidad de que se diera un “golpe de Estado técnico”, De León dijo que “eso sería grave, porque actores pesados estarían decidiendo el futuro del país”.
“No queremos que haya un rompimiento del orden constitucional. Apoyados con organismos internacionales podemos continuar la lucha contra la impunidad”, indicó.
Mientras que González opinó que aceptar que se quiera un golpe de este tipo es “aventurado”. Añadió que “quienes quisieran (que ocurriera eso) son instancias que ven a Guatemala como pieza de tablero de ajedrez y no se preocupan por los guatemaltecos”.
Finalmente, De León consideró que es necesario que el MP, la CICIG y el presidente dialoguen, siempre recordando que no se trata de “tranzar ni negociar justicia”, sino que sea un diálogo productivo para el país.
González coincidió en que las tres entidades deben dialogar. Añadió que el problema actual en Guatemala llega a niveles macroeconómicos.
“Estamos cavando un hoyo del que nos costará décadas salir, si esto no se compone en el corto plazo”, indicó.