La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que los aportes de los programas sociales que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) puedan ser entregados sin que se haga un censo previamente.
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La acción legal fue presentada en contra del último párrafo del artículo 23 de la Ley del Presupuesto 2017, en el cual se condiciona la entrega de los aportes a los beneficiarios de los programas sociales y de asistencia económica de las referidas carteras, hasta que se cumpla con la realización de un censo.
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Por medio de un comunicado, la institución aseguró que la ley no estableció una medida de protección temporal para las personas beneficiarias de los programas que ya gozaban de ellos, ni el presupuesto para realizar el registro.
Por lo cual consideró que lo indicado en el artículo “contraviene los derechos sociales, económicos y culturales de la población más vulnerable del país”.
Gente muriendo de hambre
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, detalló que está de acuerdo con que no se politicen los programas sociales y que se garantice la transparencia de los mismos; sin embargo, resaltó que era inconstitucional admitir la condición del censo a costa de que las personas no recibieran lo que necesitan.
“Literalmente hay gente muriendo de hambre”, resaltó el magistrado de conciencia, y explicó que tras el fallo de la CC, las personas que viven en extrema pobreza podrán empezar a recibir los aportes.
Según Duque, previo a entregar los beneficios a los guatemaltecos debía realizarse el registro en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Pero expuso que hay problemas para ello, pues el INE se encuentra sin presupuesto y con lentitud para hacer ese proceso, lo cual ponía en “inminente peligro” la ayuda que necesitaban los pobladores.
“No pueden esperar meses para recibir algo de lo que depende su propia vida”, afirmó De León.
También dijo que espera que el censo se dé y que la Contraloría fiscalice los programas, pues conoce que anteriormente estos se han realizado de forma “nefasta”, porque hay desorden en cuanto a los beneficiarios.
Finalmente, resaltó que supervisar y fiscalizar la manera en que se otorgan estos beneficios debe ser un esfuerzo de todos.
Las declaraciones de De León se dieron durante una entrevista con Emisoras Unidas.