“No han traído a todos los sindicados", advirtió el juez Miguel Gálvez y poco después suspendió la audiencia intermedia del caso La Línea. Siete sindicados, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Baldetti, no fueron trasladados de las cárceles y un sindicado estuvo sin defensor lo que motivó a la detención del proceso durante una semana.
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El juez verificó que los 30 sindicados y sus abogados habían comparecido en la sala 6 de la Torre de Tribunales. Siete reos estaban en la cárcel El Preventivo y la exvicepresidenta Baldetti estaba en su celda en la prisión Santa Teresa, ambas en la zona 18.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fue entregado al juez antes de la audiencia y recomienda “mantener en un hospital” a Baldetti. Su abogado Fernando Guerra advirtió que “tiene un catéter y debe permanecer una semana hospitalizada”. Incluso le entregaron al juez una radiografía. Baldetti estuvo internada en el sanatorio Mediservicios, en la zona 12, desde el 3 hasta el 15 julio de 2017 por una supuesta bacteria.
De nuevo al sanatorio
Gálvez autorizó a Baldetti para que regrese al sanatorio. Además citó al médico del Inacif Mynor Girón y a los doctores que auxilian a la exvicemandataria Rodolfo Díaz y Ramiro Guerra para que le expliquen cuál es el padecimiento. Se hará durante una inusual audiencia en el sanatorio el 18 de julio de 2017 a las 10 horas.
Un dato relevante es que la Dirección General del Sistema Penitenciario “le recomendó” al juez que Baldetti comparezca por videoconferencia. “Ellos no pueden hacer eso, esa no es su función”, les respondió Gálvez. Algunos abogados y sindicados se asombraron por la sugerencia que hizo Presidios.
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Sindicado sin abogado
El exadministrador de Puerto Quetzal Julio Rogelio Robles Palma compareció solo. Su defensor Carlos Pellecer dejó de representarlo y en su lugar solicitó un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y fue nombrado Linden Peñate.
Además, seis procesados no fueron trasladados por Presidios a la Torre de Tribunales lo que encaminó, aún más, a suspender la audiencia.
El expresidente Otto Pérez se quejó por los cambios en la cárcel Mariscal Zavala y lo "duro" que ha sido para su familia.
También habló por una operación en el ojo derecho:
Imploran por audiencia
Las procesadas Mónica Patricia Jáuregui Zamora (integrante de estructura externa media) y esposa de Julio Aldana; y ls supuesta defraudadora Hilda Marina González Maldonado le imploraron al juez una audiencia de revisión. Pretenden que se les beneficie con libertad condicional. “No hemos entorpecido el proceso”, explicaron. El juez les respondió que se iba a incluir una audiencia.
Los que no fueron traslados son:
- Carla Mireya Herrera España,la administradora de Aduana Central
- Carlos Ixtuc Cuc, técnico aduanero
- Julio César Aldana Sosa, estructura externa media
- Sebastián Herrera Carrera,, jefe de Recursos Humanos de la SAT
- Melvin Gudiel Alvarado De León, administrador de Puerto Quetzal
- Juan Carlos Ávila Morán, técnico aduanero de la Aduana Puerto Quetzal
- Ingrid Roxana Baldeti Elías, exvicepresidenta, supuesta cabecilla
La audiencia ya se ha suspendido
El proceso judicial para saber si los encarcelados Baldetti y Pérez junto con otros 29 implicados en el fraude en las aduanas llegue a un juicio se ha suspendido por diversas acciones.
La más reciente sucedió el 15 de febrero de 2017. Ya se realizaban ocho audiencias y el fiscal Sandoval reproducía conversaciones telefónicas cuando la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó al juez detener el proceso por una acción que interpuso Pérez. Pretendía que le reformaran los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera.
El 30 de enero de 2017 también se suspendió. Esta vez por la inasistencia de Baldetti. En esa oportunidad fue enviada a un juicio por el fraude con una “agua mágica” para sanear el lago de Amatitlán.
También en 2016
Otras suspensiones ocurrieron el año pasado: El 10 de octubre de 2016 se suspendió el inicio de la audiencia debido a que el exmandatario Pérez Molina estaba sin defensores. El juez Gálvez aceptó las excusas que días antes habían presentado los abogados César Calderón y Mario Hernández.
La primera suspensión fue el 29 de marzo de 2016, poco después de las 10 horas el juez Gálvez decidió suspender la audiencia basado en una apelación que interpuso la Procuraduría General de la Nación (PGN) que fue separada del proceso en la audiencia anterior en la que Salvador González, alias “Eco”, aportó detalles como colaborador eficaz de la estructura de defraudación aduanera.
Lo defraudado
El fiscal Juan Sandoval recordó que la investigación se deriva al cobro de sobornos a los importadores en las aduanas Central, Portuaria y Santo Tomás. El monto de lo defraudado es Q28.5 millones del 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015, cuando fue desbarata la estructura. En el caso apoyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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